Era verano de 1978 cuando Gregorio Montes decidió, en un campo a unos catorce kilómetros del centro de Madrid, delimitar, sin permiso, una finca al lado de la vía pecuaria de La Cañada Real Galiana. Nadie le reclamó nada, ni ese verano, ni el siguiente, y en unos años ese cercado se convirtió en lo que hoy es la “Cañada Real”.
Un poblado que sigue viviendo al límite de la ley, donde pobreza extrema y tráfico de drogas conviven junto a coches de alta gama, y donde la luz lleva un año sin encenderse. Decenas de planes de recuperación, siempre frustrados, se han sucedido desde que se puso la primera piedra (o estaca), dibujando una situación de estancamiento en que las vidas parecen haberse quedado detenidas.
El último de estos proyectos fue el “Pacto Regional por la Cañada Real Galiana”, firmado por la Administración General del Estado, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos de Coslada, Madrid, y Rivas Vaciamadrid y por los Grupos Políticos con representación en la Asamblea de Madrid.
Las medidas, muy extensas, recogían desde la adecuación de los viales y la red eléctrica, hasta la limpieza y recuperación de parcelas pasando por el realojo y desmantelamiento del sector 6.
Un plan que, por diversos motivos, también ha estado paralizado y que ahora Gobierno central y Ejecutivo regional están dispuestos a recuperar.
O al menos es lo que se desprende de la reunión mantenida la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, para buscar una solución definitiva y poner fin a los realojos de la Cañada Real.
Según ha indicado la delegada, todo el proceso costará «200 millones de euros aproximadamente, que con la implicación y la determinación política de todos podríamos abordar en el medio plazo». Un plazo que, según estima, podría ser de únicamente tres años.
La financiación para llevarlo a cabo no solo procedería de la Comunidad y de los ayuntamientos afectados, sino también con contribuciones de los fondos europeos y del Gobierno central (el Ministerio de Derechos Sociales colaboraría con cinco millones de euros y el de Transporte y Vivienda contribuiría con sus programas de realojos).
Asimismo, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid firmarán un convenio para el realojo de 160 familias, continuación de otro que ya se ha puesto en marcha, además de firmar otro similar con Rivas.
Optimismo contenido en la Comunidad
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Enrique López, que estuvo presente en la reunión, ve “posible” cumplir con los mencionados plazos de desmantelamiento, aunque puntualiza que es imprescindible que lleguen los fondos europeos al Gobierno regional y los ayuntamientos afectados y se ponga fin a la delincuencia en la zona.
«Es posible, ojalá, pero va a exigir un gran esfuerzo por parte de todas las administraciones y muy bienvenido será que por parte del Gobierno de España se ponga a disposición de la Comunidad y de los ayuntamientos esos fondos para las viviendas de los realojados», convino López.
Por otro lado, la delegada recordó que, a muy corto plazo, la Cañada Real se enfrente “a otro otoño-invierno sin luz en el sector 6, con 1.800 menores. A pesar de que en torno a 400 familias tienen paneles solares, en los meses en los que nos adentramos éstos no serán suficientes».
