La posición radicalmente en contra de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso sobre la aplicación en la Comunidad del Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación, que ha entrado en vigor esta semana, no va a quedar únicamente en palabras.
Tanto es así que, según ha anunciado el consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, la Comunidad de Madrid solicitará al Gobierno de España la retirada de dicha ley, al considerar que se están incumpliendo los plazos que establece la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).
«El texto supone un incumplimiento flagrante de la LOMLOE, ya que en la disposición adicional quinta señala que tenía que estar vigente al inicio de curso, y, evidentemente, no ha sido así», ha apuntado, Ossorio, antes de advertir que, en caso de no retirarla, llevarán el asunto a la justicia.
“Los profesores ya han comenzado el curso con unos criterios que son eliminados en mitad de la primera evaluación y la entrada en vigor de nuevas normas y pautas, además de la eliminación de la convocatoria extraordinaria, suponen cambiar las reglas del juego a mitad del partido”, ha apuntado el consejero.
La Consejería de Educación ya se ha puesto en marcha para enviar a los centros educativos una resolución con pautas objetivas a seguir por parte de los equipos docentes para evaluar a los estudiantes. En el caso de la ESO, como la LOMLOE permite que los alumnos puedan promocionar o titular con múltiples suspensos, la Comunidad ha decidido que esa decisión tan trascendente tenga que adoptarse por una mayoría cualificada de 2/3 del equipo docente, y así se garantiza que tenga el máximo apoyo del profesorado.
En cuanto a Bachillerato, el Gobierno madrileño recomienda como criterio objetivo que la obtención del título se alcance con todas las materias aprobadas y que, en caso de que haya una suspensa, la decisión la adopte el equipo docente por mayoría cualificada de 4/5 del equipo. Si no se consigue, el estudiante no podrá promocionarse.
Ossorio también quiso señalar que, en su criterio, la decisión del Ejecutivo central «conllevará disparidad de criterios» entre unos centros y otros, o incluso, dentro de uno mismo. «Este Real Decreto es la norma más lesiva en la Historia de la Educación en España, por lo que desde la Comunidad de Madrid no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras tratan de hundir nuestro sistema educativo», ha concluido.
