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«La reforma de la L.O. de Protección de la Seguridad Ciudadana perjudicará el trabajo policial, abrirá paso a la impunidad de los violentos y llega de la mano de la conveniencia política y no de la necesidad técnica»

«La reforma de la L.O. de Protección de la Seguridad Ciudadana perjudicará el trabajo policial, abrirá paso a la impunidad de los violentos y llega de la mano de la conveniencia política y no de la necesidad técnica»

La aprobación de la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, pactada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos va a infligir un daño grave e irreparable a la operatividad policial, de salir adelante en los términos conocidos hasta la fecha.

La iniciativa llega en el peor de los momentos, precisamente por el aumento de incidentes violentos relacionados con los llamados “botellones” y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en la que se ocupa el espacio público y se produce la ingesta de alcohol. En este sentido, hay que recordar que estas aglomeraciones han derivado en algaradas callejeras y cargas policiales en Madrid (el 15 de septiembre y 2 de octubre, por ejemplo, con 46 detenidos) o municipios como San Sebastián, Zaragoza, La Laguna o Noja, en este último caso con 600 asistentes y 18 detenidos.

La reforma de esta norma, además de perjudicar el trabajo policial, está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía, al olvidar que en su articulado se regula la convivencia y que eso implica proteger los derechos de todos, empezando por los de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos de quienes van a encontrar en esta reforma un mensaje equivocado de impunidad.

Un ejemplo concreto de este riesgo lo tenemos en la enmienda que propone limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración únicamente a los organizadores o promotores, retirando del articulado la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convoque formalmente un acto público -o lo haga desde el anonimato de las redes sociales- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables quedará impune.

El mismo mensaje, ciertamente peligroso para la seguridad ciudadana, se transmite cuando se elimina del catálogo de sanciones la obstaculización de vías públicas con mobiliario urbano, contenedores, neumáticos u otros objetos, de tal forma que estos actos de gravedad podrán producirse sin reproche administrativo. Más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad.

Por otra parte, nos llama poderosamente la atención que se reactive este proyecto normativo por la agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que provocará en los derechos profesionales de los policías nacionales y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sólo así puede entenderse la supresión del apartado que hace sancionable la captación de imágenes de miembros de las FCSE cuando ello suponga un peligro para los policías, sus familias u operaciones en curso. Esa enmienda pone en la diana del señalamiento en redes a más de 200.000 funcionarios de los diferentes Cuerpos policiales, a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico. Esta medida es innecesaria, injusta, temeraria y ha generado un amplia e irreparable preocupación entre los profesionales de la seguridad pública, a los que se sitúa, por conveniencia de la aritmética parlamentaria, ante un escenario de riesgo personal y familiar.

Finalmente, con esta pretendida reforma se atacan procedimientos policiales esenciales para mantener el flujo ordenado de inmigrantes, como el rechazo en frontera en Ceuta o Melilla, que ya ha encontrado respaldo jurídico en la Sentencia 13/2021 del Tribunal Constitucional y aval en la Sentencia de febrero de 2020 del TEDH. También se condiciona la diligencia de cacheo al obligar a su realización en un lugar reservado, cuando la mayor parte de las veces, por la propia dinámica de la operativa policial, tiene lugar en la calle, lejos de una dependencia policial. Y además, la prohibición del uso de pelotas de goma en dispositivos de orden público -que en la actualidad se realiza con pleno respeto a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad- supone la mayor injerencia operativa en la historia de la Policía Nacional por parte de quienes pretenden amputar de nuestro trabajo un elemento esencial disuasorio en los casos de graves alteraciones de la convivencia que en otros países, como Francia, está provocando que las unidades antidisturbios hayan sufrido un mayor número de bajas por agresiones.

En definitiva, esta reforma normativa supone un retroceso muy grave en el modelo de seguridad ciudadana que España viene disfrutando desde la recuperación de la democracia. De salir adelante, haremos un llamamiento a los partidos que tienen suficiente representación parlamentaria y al Defensor del Pueblo para que insten del Tribunal Constitucional la revisión de un texto que creemos vulnerará la Carta Magna.

Confederación Española de Policía

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La iniciativa llega en el peor de los momentos, precisamente por el aumento de incidentes violentos relacionados con los llamados “botellones” y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en la que se ocupa el espacio público y se produce la ingesta de alcohol. En este sentido, hay que recordar que estas aglomeraciones han derivado en algaradas callejeras y cargas policiales en Madrid (el 15 de septiembre y 2 de octubre, por ejemplo, con 46 detenidos) o municipios como San Sebastián, Zaragoza, La Laguna o Noja, en este último caso con 600 asistentes y 18 detenidos.

La reforma de esta norma, además de perjudicar el trabajo policial, está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía, al olvidar que en su articulado se regula la convivencia y que eso implica proteger los derechos de todos, empezando por los de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos de quienes van a encontrar en esta reforma un mensaje equivocado de impunidad.

Un ejemplo concreto de este riesgo lo tenemos en la enmienda que propone limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración únicamente a los organizadores o promotores, retirando del articulado la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convoque formalmente un acto público -o lo haga desde el anonimato de las redes sociales- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables quedará impune.

El mismo mensaje, ciertamente peligroso para la seguridad ciudadana, se transmite cuando se elimina del catálogo de sanciones la obstaculización de vías públicas con mobiliario urbano, contenedores, neumáticos u otros objetos, de tal forma que estos actos de gravedad podrán producirse sin reproche administrativo. Más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad.

Por otra parte, nos llama poderosamente la atención que se reactive este proyecto normativo por la agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que provocará en los derechos profesionales de los policías nacionales y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sólo así puede entenderse la supresión del apartado que hace sancionable la captación de imágenes de miembros de las FCSE cuando ello suponga un peligro para los policías, sus familias u operaciones en curso. Esa enmienda pone en la diana del señalamiento en redes a más de 200.000 funcionarios de los diferentes Cuerpos policiales, a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico. Esta medida es innecesaria, injusta, temeraria y ha generado un amplia e irreparable preocupación entre los profesionales de la seguridad pública, a los que se sitúa, por conveniencia de la aritmética parlamentaria, ante un escenario de riesgo personal y familiar.

Finalmente, con esta pretendida reforma se atacan procedimientos policiales esenciales para mantener el flujo ordenado de inmigrantes, como el rechazo en frontera en Ceuta o Melilla, que ya ha encontrado respaldo jurídico en la Sentencia 13/2021 del Tribunal Constitucional y aval en la Sentencia de febrero de 2020 del TEDH. También se condiciona la diligencia de cacheo al obligar a su realización en un lugar reservado, cuando la mayor parte de las veces, por la propia dinámica de la operativa policial, tiene lugar en la calle, lejos de una dependencia policial. Y además, la prohibición del uso de pelotas de goma en dispositivos de orden público -que en la actualidad se realiza con pleno respeto a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad- supone la mayor injerencia operativa en la historia de la Policía Nacional por parte de quienes pretenden amputar de nuestro trabajo un elemento esencial disuasorio en los casos de graves alteraciones de la convivencia que en otros países, como Francia, está provocando que las unidades antidisturbios hayan sufrido un mayor número de bajas por agresiones.

En definitiva, esta reforma normativa supone un retroceso muy grave en el modelo de seguridad ciudadana que España viene disfrutando desde la recuperación de la democracia. De salir adelante, haremos un llamamiento a los partidos que tienen suficiente representación parlamentaria y al Defensor del Pueblo para que insten del Tribunal Constitucional la revisión de un texto que creemos vulnerará la Carta Magna.

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La iniciativa llega en el peor de los momentos, precisamente por el aumento de incidentes violentos relacionados con los llamados “botellones” y los comportamientos incívicos vinculados a esta forma de ocio en la que se ocupa el espacio público y se produce la ingesta de alcohol. En este sentido, hay que recordar que estas aglomeraciones han derivado en algaradas callejeras y cargas policiales en Madrid (el 15 de septiembre y 2 de octubre, por ejemplo, con 46 detenidos) o municipios como San Sebastián, Zaragoza, La Laguna o Noja, en este último caso con 600 asistentes y 18 detenidos.

La reforma de esta norma, además de perjudicar el trabajo policial, está pensada únicamente para una parte de la ciudadanía, al olvidar que en su articulado se regula la convivencia y que eso implica proteger los derechos de todos, empezando por los de aquellos que ven su vida alterada por comportamientos incívicos de quienes van a encontrar en esta reforma un mensaje equivocado de impunidad.

Un ejemplo concreto de este riesgo lo tenemos en la enmienda que propone limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración únicamente a los organizadores o promotores, retirando del articulado la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos. Con este cambio, cualquier persona o colectivo que no convoque formalmente un acto público -o lo haga desde el anonimato de las redes sociales- pero que se dedique a impulsar incidentes o comportamientos sancionables quedará impune.

El mismo mensaje, ciertamente peligroso para la seguridad ciudadana, se transmite cuando se elimina del catálogo de sanciones la obstaculización de vías públicas con mobiliario urbano, contenedores, neumáticos u otros objetos, de tal forma que estos actos de gravedad podrán producirse sin reproche administrativo. Más impunidad para quien decida alterar la convivencia pacífica del resto de la sociedad.

Por otra parte, nos llama poderosamente la atención que se reactive este proyecto normativo por la agenda política y no por cuestiones técnicas o jurídicas, sobre todo teniendo en cuenta el perjuicio que provocará en los derechos profesionales de los policías nacionales y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sólo así puede entenderse la supresión del apartado que hace sancionable la captación de imágenes de miembros de las FCSE cuando ello suponga un peligro para los policías, sus familias u operaciones en curso. Esa enmienda pone en la diana del señalamiento en redes a más de 200.000 funcionarios de los diferentes Cuerpos policiales, a los que ahora se podrá acosar y hostigar con material videográfico. Esta medida es innecesaria, injusta, temeraria y ha generado un amplia e irreparable preocupación entre los profesionales de la seguridad pública, a los que se sitúa, por conveniencia de la aritmética parlamentaria, ante un escenario de riesgo personal y familiar.

Finalmente, con esta pretendida reforma se atacan procedimientos policiales esenciales para mantener el flujo ordenado de inmigrantes, como el rechazo en frontera en Ceuta o Melilla, que ya ha encontrado respaldo jurídico en la Sentencia 13/2021 del Tribunal Constitucional y aval en la Sentencia de febrero de 2020 del TEDH. También se condiciona la diligencia de cacheo al obligar a su realización en un lugar reservado, cuando la mayor parte de las veces, por la propia dinámica de la operativa policial, tiene lugar en la calle, lejos de una dependencia policial. Y además, la prohibición del uso de pelotas de goma en dispositivos de orden público -que en la actualidad se realiza con pleno respeto a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad- supone la mayor injerencia operativa en la historia de la Policía Nacional por parte de quienes pretenden amputar de nuestro trabajo un elemento esencial disuasorio en los casos de graves alteraciones de la convivencia que en otros países, como Francia, está provocando que las unidades antidisturbios hayan sufrido un mayor número de bajas por agresiones.

En definitiva, esta reforma normativa supone un retroceso muy grave en el modelo de seguridad ciudadana que España viene disfrutando desde la recuperación de la democracia. De salir adelante, haremos un llamamiento a los partidos que tienen suficiente representación parlamentaria y al Defensor del Pueblo para que insten del Tribunal Constitucional la revisión de un texto que creemos vulnerará la Carta Magna.

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