La Comunidad de Madrid ha decidido, según ha adelantado la Cadena COPE, llevar al Gobierno central al Tribunal Supremo por el primer reparto que el Gobierno central hizo de los fondos europeos a las Comunidades Autónomas en el que se excluyó a la región.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya anunció su intención de presentar este recurso, protestando en varias ocasiones sobre la injusticia de este reparto respecto a esta comunidad. Madrid se convierte así en la primera región en tomar esta medida contra el reparto de Moncloa de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
Según ha informado en un comunicado, el ejecutivo autonómico entiende que se ha aprobado esta decisión sin ningún tipo de justificación, sin darlo a conocer previamente en la Conferencia Sectorial y vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo. A todo ello, aseguran, «se suma que en ningún momento se ha aclarado por qué motivo se han quedado fuera del reparto y de forma discriminatoria el resto de administraciones regionales».
Con este Real Decreto recurrido, el Gobierno central reguló la concesión de subvenciones a País Vasco, Navarra, Comunidad de Valenciana y Extremadura utilizando para ello recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, es decir, fondos procedentes de la Unión Europea para hacer frente a los efectos provocados por la pandemia.
En este sentido, desde la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, se envió una misiva el pasado 22 de octubre (sin respuesta, según señalan fuentes regionales) a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, exigiendo explicaciones de la concesión de 9 millones a estas comunidades de forma aleatoria.
Para la Comunidad, este hecho «vulneraría el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo y que utilizaría de forma presuntamente fraudulenta la reserva de crédito del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-«.
Por este motivo, «el recurso de la Comunidad de Madrid señala que el Real Decreto carece de cualquier motivación o justificación acerca del carácter nacional o supraautonómico de las actuaciones que financia: son proyectos concretos y específicos de cuatro regiones que no guardan ninguna relación funcional entre sí».
Para concluir, la Comunidad subraya que los proyectos a los que se concedieron fondos están vinculados a competencias autonómicas -fomento del empleo-, y que «los fondos destinados a los mismos deben estar gestionados por las administraciones regionales salvo excepciones, como sería, por ejemplo, en el caso de tratarse de acciones de ámbito nacional o que requieran de algún tipo de coordinación».
