La Comunidad de Madrid ha reaccionado ante la previsión de que el Gobierno de España saque adelante una próxima subida de impuestos y en el último Consejo de Gobierno regional se ha aprobado el anteproyecto de Ley de Defensa de la Autonomía Financiera, según indica el Ejecutivo autonómico, «blindar su política económica y fiscal de la que prepara el Gobierno de España».
Según fuentes regionales, «el objetivo es proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-. Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid se indica que así se «podrá salvaguardar el ejercicio de su autonomía financiera, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla».
La Comunidad asegura que la subida estatal «obliga» a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, «ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región».
La nueva norma regulará la autonomía de ingresos, «concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos», los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta, indican, la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.
Desde el Gobierno regional han querido garantizar que habrá «transparencia» en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. Se ha asegurado que se informará a los ciudadanos madrileños, entre otros aspectos, del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras.
La Comunidad de Madrid busca con esta Ley dotarse de un nuevo instrumento jurídico que, según consideran, «le permitirá salvaguardar sus competencias en materia tributaria y hacer frente a una denominada armonización fiscal».
