Las personas expresamos nuestro malestar de muchas maneras, en la mayoría de las ocasiones de forma y manera pacífica. Nos concentramos, nos manifestamos, escribimos quejas al Defensor del Pueblo, denunciamos ante los tribunales.

Eso es lo que hemos hecho cuando nuestras personas mayores han muerto masivamente en las residencias. Más de 41.000 en toda España, más de 11.000 tan sólo en Madrid y 7.700 en Cataluña. Nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo, lo hemos llevado ante los fiscales, nos hemos manifestado y concentrado ante diferentes administraciones.

Amnistía Internacional ha denunciado que las fiscalías españolas han sido deficientes, no entrando en los problemas de protocolos a la hora de derivar a las personas enfermas a los hospitales, corriendo el riesgo de una generalizada impunidad de los responsables políticos y de los gestores públicos y privados.

El Defensor del Pueblo, por su parte, ha instado a todas las Comunidades Autónomas a mejorar su atención sanitaria en los centros de mayores y residencias, la información a los familiares y la protección de sus derechos. Para ello será necesario dedicar más recurso y contratar más personal especializado para atender y asistir a las personas mayores.

El Defensor del Pueblo, el anterior a Gabilondo, se atrevió a plantear una revisión en profundidad del modelo de atención residencial en los centros de mayores. Las carencias de personal, de cualificación profesional, de medios materiales y recursos económicos son, desde hace mucho tiempo, problemas estructurales, permanentes, aceptados como males menores, cuando son carencias que ponen en riesgo la vida de nuestros mayores.

Hemos olvidado ya ese componente sociosanitario de la atención a nuestros mayores del que tanto se hablaba hace pocos años. Hay mucho de asistencial y muy poco de social y sanitario en la atención a las personas mayores y eso se ha notado durante la pandemia, cuando las residencias han visto bloqueados, en muchos casos, los aspectos asistenciales, los derechos sociales y la atención sanitaria, que ha brillado por su ausencia.

Las Naciones Unidas han denunciado, por boca de su propio Secretario General, António Guterres, que es urgente poner en marcha una iniciativa dirigida a la defensa de los derechos de las personas mayores, porque “ninguna persona, joven o vieja, es prescindible”.

No se puede, por tanto, jugar con los derechos de los mayores. Sus necesidades y sus opiniones cuentan, su dignidad será nuestra dignidad y la pandemia ha puesto de relieve que la discriminación por la edad es una realidad en nuestras sociedades, que la brecha de las generaciones no hace sino crecer y profundizar la división de nuestras sociedades por modernas que éstas se consideren.

Hemos visto crecer la gerontofobia, el miedo a envejecer, a perder autonomía, a acercarnos al momento de la muerte, a ver la degeneración de nuestras facultades. Y eso se traduce un una actitud social que permite el debilitamiento y la negación de los derechos de las personas mayores.

Algo que contrasta con el papel social que nuestros mayores han jugado durante la crisis desencadenada en 2008, cuando han sacrificado su tiempo y sus recursos para sacar adelante a sus familias, cuidando a sus nietos y sosteniendo económicamente a sus hijos.

Nuestras sociedades se lo han devuelto durante la pandemia con aislamiento y privación de su derecho a la salud. No pueden ser tratados como seres invisibles, ni incapacitados pare gestionar sus propias vidas. Su voz tiene tanto valor como la de cualquiera y su conocimiento es la base de nuestra experiencia para evitar los errores y avanzar por caminos seguros.

Pero estas cosas, una forma nueva y mejor de atender a nuestros mayores, sólo podrán alcanzarse si en el conjunto del planeta construimos sociedades más inclusivas, más solidarias, más austeras y sostenibles, más asentadas en la amistad y la cooperación y no en la competencia brutal.

Las leyes nacionales, regionales, internacionales son muy importantes. Las cartas de derechos humanos de las personas mayores también son declaraciones de intenciones necesarias. Pero la clave de los cambios necesarios se encuentra en la voluntad de las sociedades, en la decisión de los políticos y en la conciencia general de que nos encaminamos hacia sociedades con cada vez mayor presencia de personas mayores.

Una conciencia que tiene que conducirnos a la convicción de que los mayores son el futuro.

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