La ocupación de viviendas es un auténtico problema en España y así lo demuestran los datos, 100.000 inmuebles okupados, 14.792 denuncias en 2020por ocupación de viviendas, un 40% más que en 2017. De ellas, 6.647 (el 45%) se produjeron en Cataluña, 2.381 en Andalucía y en la Comunidad de Madrid en torno a 1.300. De hecho, en la región hay cada díacerca de 40 nuevas okupaciones de viviendas.
En los municipios y distritos del sur de la Comunidad de Madrid, la mayor parte de las ‘okupaciones’ se están realizandomediante la ‘inquiokupación’; un nuevo método en el que los okupas entran como inquilinos en una propiedad, dejando de pagar el alquiler en el primer o segundo mes. Móstoles, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, Ciempozuelos, o distritos como Puente de Vallecas, Villaverde, Carabanchel o Usera, son los lugares más afectados por esta nueva modalidad, que ya cuenta con el 70% de los casos, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
Casos reales, vidas humildes y truncadas, como la de Maria Luisa, que con 58 años y un contrato de trabajo de 550 € tiene su única vivienda con una inquiokupa desde hace más de 2 años, mientras ella duerme en sofás de casas de amigos. Situaciones dramáticas, inexplicablemente amparadas por un gobierno irresponsable que alienta abiertamente la ocupación como una forma más de acceso a la vivienda mientras juegan con conceptos como grandes tenedores, criterios de vulnerabilidad, alternativa habitacional, que no son otra cosa que conceptos que enmascaran la obsesión de este gobierno con la vivienda y su ya contrastado desprecio por la propiedad privada.
Por eso, desde el Partido Popular exigimos una Ley antiokupación, que proteja y defienda a los propietarios de viviendas, que otorgue seguridad jurídica para que aquellas personas que, con su esfuerzo y su trabajo, han conseguido una segunda vivienda y cuyas rentas utilizan para complementar sus salarios, o sus pensiones. Esas personas necesitan la tranquilidad necesaria para decidir ponerla en el mercado si así lo desean.
Necesitamos una Ley, que ponga a los okupas en la calle en 24 horas, que se endurezcan las penas de prisión, que se combata a las mafias, que se cree un registro de viviendas okupadas, y bonificaciones fiscales para las víctimas de la ocupación,las cuales, además de no recibir un euro de sus alquileres, se enfrentan a deudas desorbitadas imposibles de asumir.
Por eso en el Partido Popular defendemos que la falta de vivienda se combate con medidas liberalizadoras de suelo, no con sectarismo ideológico y populismo. Se ha de combatir desde el respeto al individuo y a su libertad por encima de todo; generando empleo, riqueza, certezas y seguridad jurídica; se combate con menos impuestos y con mejores servicios públicos, en definitiva,se combate construyendo vivienda pública asequible, como está demostrando el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Paloma Tejero
Diputada del GPP de la Asamblea de Madrid
