La capital ha presentado, de la mano del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, su candidatura para convertirse en sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y que cuenta con el apoyo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
En palabras del regidor, los principales baluartes de Madrid son el modelo de España de prevención y lucha contra el blanqueo y financiación del terrorismo, que cuenta con reconocimiento internacional y las propias características de la ciudad con un marco normativo estable, importantes infraestructuras ya desarrolladas, además de una alta calidad de vida. «Factores que confluyen para poder formalizar la candidatura y son la muestra, además, de que la colaboración entre gobiernos es ampliamente beneficiosa para los ciudadanos». ha dicho Almeida.
El alcalde también ha subrayado que Madrid ya es centro financiero y que está trabajando para hacer realidad su distrito financiero, «el distrito 22, que va dirigido a convertirnos en un centro de servicios, innovación, emprendimiento, en un centro de transformación digital y en el ejemplo de lo que deben ser las ciudades del futuro, del siglo XXI», ha señalado.
Las razones de Madrid
Entre los criterios que la candidatura estima que se tendrán en cuenta para la futura sede destacan la oferta de personal cualificado, infraestructuras tanto digitales como de transporte, condiciones de vida de la ciudad, seguridad, medioambiente, servicios financieros y comerciales, localización geográfica, conexiones de transporte, relevancia como centro financiero y compromiso del propio país contra la lucha contra el blanqueo.
En este sentido, el alcalde y el secretario general del Tesoro han destacado que España es firme defensora de la necesidad de que exista un marco común europeo en esta materia, que contemple las mismas reglas en todos los países y que garantice una misma seguridad a todos los ciudadanos de la Unión.
La autoridad tendrá competencias en tres materias fundamentales: la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de prevención, blanqueo y financiación del terrorismo; la coordinación de las unidades de inteligencia financiera de los distintos estados miembros, y el desarrollo normativo en estos dos ámbitos.
Además, será una agencia con perspectivas de crecimiento, con una estimación inicial de 250 trabajadores, que atraerá un alto volumen de negocio en la zona en la que finalmente se asiente. La previsión de la candidatura es que este organismo comience su andadura en 2023 con la constitución del Consejo General, y el establecimiento de la sede definitiva y en 2024 ya tenga una operatividad plena, a excepción de funciones específicas de supervisión.
