El Ayuntamiento de Alcobendas ha intensificado sus medidas para combatir la ocupación ilegal de viviendas, registrando 83 desalojos durante el 2024. Esta cifra, superior a los 63 y 64 desalojos efectuados en 2023 y 2022 respectivamente, es fruto de un plan integral que combina acciones preventivas, operativas y de apoyo a las víctimas.
En el marco de esta estrategia, se ha creado un grupo de trabajo transversal que coordina a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sociales. El protocolo de actuación, además de regular la intervención inmediata, incorpora medidas preventivas que dependen en gran medida de la colaboración ciudadana. Los vecinos son urgidos a reportar cualquier indicio de okupación llamando al 112, 092 o 091, lo que permite una respuesta ágil de las fuerzas de seguridad.
Plan integral contra la okupación
El concejal de Seguridad, Carlos Rodrigo, explicó que «nuestro plan integral contra la okupación combina prevención, actuación inmediata y apoyo a los afectados, siempre dentro del marco legal y coordinados con los juzgados y la Policía Nacional. Los datos demuestran que nuestra estrategia funciona y en Alcobendas hemos logrado mantener esta problemática bajo control».
Entre las innovaciones implementadas destaca el procedimiento de juicio inmediato desarrollado por la Policía Local. Ante una denuncia de okupación, se cita a las partes implicadas el último día de guardia del juzgado, permitiendo que en torno a una semana el juez pueda ordenar el desalojo y la restitución del inmueble. Durante el 2024, esta medida se ha aplicado con éxito en 14 casos, agilizando así la respuesta judicial y protegiendo los derechos de los propietarios.
Medidas preventivas y de apoyo social
Además, el Ayuntamiento ha reforzado la prevención mediante la instalación de alarmas antiokupación en viviendas vulnerables; en el 2024 se instalaron seis dispositivos, complementando las demás medidas de seguridad.
El compromiso del gobierno municipal no se limita a la actuación policial. Las víctimas de okupación ilegal pueden acceder al Servicio de Atención a la Víctima (SAV), que ofrece asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, mientras que las familias desalojadas reciben asistencia de los servicios sociales municipales para garantizar un trato digno durante todo el proceso.
A nivel regional, la Comunidad de Madrid también ha sumado esfuerzos. En julio de 2022 se activó el servicio CECOM 112-Ocupación, accesible a través del 900 205 112, que centraliza la información y la asistencia jurídica, policial y judicial para quienes se ven afectados por este delito.
Endurecimiento legislativo
La problemática ha generado además una demanda de endurecimiento legislativo. En septiembre de 2022, el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción del Grupo Popular en la que se exigía al Gobierno central que modificara el Código Penal para que los desalojos se llevaran a cabo en 24 horas. «Seguimos demandando cambios legales en este sentido», afirmó Rodrigo, subrayando la determinación del municipio de no bajar la guardia.
Con estas medidas, Alcobendas refuerza su compromiso por garantizar la seguridad y el respeto a la propiedad privada, trabajando de manera coordinada para ofrecer un entorno más seguro y ordenado para todos sus vecinos.
