El 60 por ciento de los edificios de Madrid aún no habrían ejecutado las obras necesarias para la supresión de barreras arquitectónicas, entre las que se encuentra la instalación de ascensores, rampas y dispositivos electrónicos o mecánicos, según calcula el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
El CAFMadrid recuerda que el próximo 4 de diciembre entrará en vigor el Real Decreto Legislativo 1/2013 que obliga a que todos los edificios residenciales sean a accesibles a personas con discapacidad.
«Aunque los administradores de fincas estamos trabajando desde hace años para garantizar la accesibilidad de las viviendas, existen una serie de dificultades para producir los cambios necesarios en no pocas comunidades de propietarios», lamenta la presidenta del Colegio, Manuela Julia Martínez.
«Para empezar, las comunidades, en general, no disponen de recursos para la ejecución de las obras necesarias», explica en este sentido, y asegura que las tasas e impuestos, el coste de las instalaciones, así como los gastos generados para la presentación de la documentación técnica, «dificultan que los vecinos tomen una decisión satisfactoria».
En segundo lugar, fijan el retraso en la concesión de licencias por obras por parte de las administraciones madrileñas en torno a «siete u ocho meses», lo que a su juicio hacen «interminables» este tipo de ejecuciones y «comprometen, incluso, los plazos para la obtención de subvenciones autonómicas o estatales».
La revalorización catastral a la que tendrán que hacer frente los propietarios de viviendas en donde se ha instalado un ascensor, «y que se traduce en un incremento del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)», resulta para el Colegio «otro de los escollos que han observado los administradores».
Para hacer efectiva la accesibilidad en la totalidad de los edificios, desde el CAFMadrid consideran que las Administraciones deben coordinar sus estrategias y enfocarlas hacia la reducción de impuestos «y no hacia las subvenciones». Proponen, por ejemplo, financiar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y reducir el IVA del 10 al 7 por ciento.
También solicitan a los distintos organismos públicos estudiar nuevas fórmulas de financiación y convenios con bancos que posibilite el «necesario» impulso para la instalación de ascensores, vía créditos blandos a muy bajo tipo de interés.