MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, interroga mañana a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda en 2009 que participaron en las Juntas de la Mesa de Contratación relacionada con la adjudicación de un contrato de publicidad para el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), por el importe de 126.208 euros.
La juez instructora ha citado mañana como investigada por un delito de malversación y/o prevaricación a Eva Santiago, que acudió a las reuniones en lugar de la Eva Cuesta, jefa de prensa de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, y realizó la valoración técnica junto a Beatriz Tejada. También a Pedro Plasencia, que asistió a la reunión realizada el 5 de diciembre de 2008; y a Rita Lorite y Andrés Lara que presenciaron las juntas celebradas el 29 de diciembre del mismo año.
Previsiblemente les preguntará por el expediente de contratación del que un perito afirmó que era «incoherente», y sobre el que otros tres miembros de la Mesa de Contratación constataron que había «fallos de redacción». Por otro lado, la abogada del Estado Irene Domínguez-Alcahud –destinada en el Ministerio de Vivienda durante la etapa de Corredor– reconoció ante la juez que la documentación sobre la adjudicación tenía irregularidades, pero se desvinculó de todas ellas, según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.
El informe pericial, que fue entregado al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc –partido mayoritario en Compromís– entre los años 2007 y 2011, señala que el representante de la Abogacía del Estado dio poder para formalizar la adjudicación el 5 de enero de 2009, mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre de 2008 y que el plazo de ejecución finalizaba el día 31 del mismo mes.
MEJOR OFERTA ECONÓMICA
El contrato público fue concedido a la empresa Crespo Gomar –cuyo gerente Alberto Gomar, hijo ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia, también está imputado– por el importe de 126.208 euros, ya que la Mesa de Contratación tuvo en cuenta que era la mejor oferta económica, pese a no ser la mejor desde el punto de vista técnico, según reconocieron los otros tres funcionarios del Ministerio.
Esta es la tercera ronda de declaraciones que hace esta instructora sobre dicha contratación. El día 12 de junio continuará con Alberto Gomar y con el que fuera jefe de Gabinete de Corredor, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta y el exsubsecretario del Ministerio y expresidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer, cuyas declaraciones fueron suspendidas porque solicitaron ser defendidos por la Abogacía del Estado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia se inhibiese a su favor por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. Paralelamente, otro juzgado madrileño incoó diligencias por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008 por el valor de 184.138 euros.
LA INVESTIGACIÓN ARRANCÓ EN VALENCIA
El juzgado de Valencia arrancó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Los investigadores explican que la sociedad Crespo Gomar –que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia– facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado valenciano se declaró «no competente» para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.