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MADRID.-Boyacá recurre a la seguridad privada para garantizar la distribución, que llega al 50% de los puntos pese a la huelga

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La empresa distribuidora de prensa Boyacá ha solicitado permiso a la Delegación del Gobierno para acompañar las rutas de distribución mediante la contratación de seguridad privada, de forma que se pueda garantizar el servicio sin incidentes, ante los parones ilegales y la interrupción de servicio que están llevando a cabo los repartidores autónomos durante los últimos días en la Comunidad de Madrid.

Según un comunicado de Boyacá, «esta medida se entiende imprescindible y necesaria dada la situación de indefensión legal y operativa en la que se encuentra la compañía», que considera «inaceptable y muy peligrosa la actitud completamente ilegal de los repartidores, además de ser irracional y coercitiva, y solicita a las autoridades protección ante los constantes actos violentos, organizados y dirigidos contra la compañía y que impiden el normal desarrollo de su actividad».

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En cuanto al impacto que están experimentando estos días el gremio de los kioscos en la Comunidad de Madrid, Boyacá lamenta esta situación, «completamente ajena a su voluntad», y ha asegurado que está «intentando poner en marcha todas las soluciones posibles ante el boicot continuado por parte de los transportistas que afecta tanto al propio transporte en sí como destrucción de mercancía o alteración de los sistemas de entrega de la prensa».

A este respecto, ha señalado que «pese a las dificultades de estos días de conflicto, donde incluso ha sido requerida y necesaria la intervención policial, se está logrando abastecer casi el 50 por ciento de los puntos de reparto».

Sobre el conflicto en sí, la compañía asegura que «esta suspensión de servicio representa una situación ilegal por parte de los transportistas, ante la finalización de sus contratos mercantiles», ya que «los repartidores autónomos no mantienen relación laboral con la empresa, sino mercantil», y «legalmente, -por tanto-, no tienen derecho a huelga, y lo que están denominando como tal (no ha sido convocada formalmente, ni autorizada, ni cumple servicios mínimos) no es más que una acción ilegal y una forma de extorsión a la compañía y al sector en su conjunto».

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Tal y como ha señalado la compañía, estos 240 repartidores autónomos no forman parte de la plantilla, sino que tienen contratos mercantiles con la compañía que finalizan el próximo 30 de agosto, por lo que «no se puede hablar de despidos».

Además, ha subrayado que la finalización de estos contratos ha sido notificada y preavisada con 6 meses de antelación, siendo tres meses el plazo pactado, así como que ha demostrado «voluntad y buena fe ofreciendo compensaciones adicionales por término de contrato, sin tener ninguna obligación para ello, con el objetivo de facilitar la transición a un nuevo modelo y siempre que no hubiese incidentes como los actuales».

Asimismo, ha explicado que el nuevo modelo mercantil viene siendo imprescindible desde hace años, ya que las tiradas de distribución de prensa se han ido reduciendo año tras año, y se ha mantenido un total de repartidores contratados por encima de las necesidades reales de reparto.

Según la compañía, por las condiciones contractuales de los 240 repartidores de Madrid (aun habiendo sido ajustadas en los últimos años) percibían de media 4.500 euros más IVA por cuatro horas de servicios de ruta diario, durante 15 días al mes (60 horas mensuales), e independientemente del número de ejemplares a repartir.

«Dichas condiciones contractuales son desde hace tiempo inasumibles para la compañía, que sin embargo ha preferido evitar medidas más traumáticas, y ha optado por aguantar hasta la finalización y término de los contratos», ha señalado.

Por otro lado, ha valorado las pérdidas del sector en 270.000 euros diarios con cada jornada del conflicto, además de los daños materiales en producto, vehículos e instalaciones que ha sufrido por la violencia de las coacciones y amenazas de los repartidores.

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