En 2015, cuando el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones autonómicas, reconociendo que en Madrid, aún quedaba mucho por hacer, nos comprometimos con la ciudadanía madrileña en, al menos, 300 puntos concretos que figuraban en nuestro programa electoral. Algunos de ellas eran para mejorar la Administración de Justicia en nuestra autonomía.
Así, nos comprometimos a destinar más recursos para la Administración de Justicia con el fin de que se agilicen los procedimientos judiciales (medida 299). Y más allá de la creación en el último año de una Consejería exclusivamente para la Justicia madrileña, señal inequívoca del compromiso del Presidente Garrido con la mejora, hemos incrementado año a año el Presupuesto destinado a la Justicia, hasta alcanzar los 500 millones de euros para 2019, un 27% más que en 2015, garantizando de esta forma el funcionamiento y la mejora de un servicio público básico para los ciudadanos, como es la Administración de Justicia.
En el Partido Popular estamos convencidos que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia no es sólo prestar un buen servicio público fundamental, que garantiza la igualdad entre las personas, sino que es fomentar un motor de desarrollo humano que sostiene el progreso, el crecimiento económico y la generación de empleo de calidad, características básicas de una región locomotora de la economía española, como es Madrid.
Por ello, es un objetivo prioritario para el Gobierno regional que preside Ángel Garrido, seguir avanzando en los tres pilares contemplados en el “Programa de Actuación para la Mejora de la Administración de Justicia“ que se está impulsando desde el inicio de la legislatura, como son las mejoras en materia de personal, la necesaria modernización de las infraestructuras judiciales, y la asistencia jurídica gratuita.
En nuestro programa electoral de 2015, contrato que el Partido Popular suscribe con la ciudadanía madrileña para la acción del Gobierno, también nos comprometimos a agilizar los pagos de asistencia jurídica gratuita del turno de oficio para garantizar el derecho a la defensa de las personas con menos recursos económicos y a actualizar los honorarios (medida 298). En el Presupuesto de este año, de los 500 millones para Justicia, sedestinarándesde el Gobierno Regional, más de 50 millones de euros a este fin, lo que supone un incremento del 58% desde el inicio de la legislatura.
Y no sólo apostamos por garantizar la justicia gratuita solo con más recursos, sino también cambiando los procedimientos internos para agilizar el pago a los profesionales que la ejercen, haciendo el abono mes a mes y de forma anticipada, sin esperar a la comprobación material de las certificaciones por los servicios prestadosa mes vencido. Con éste cambio, El Gobierno Popular de Madrid hadado respuesta también a una de las reivindicaciones históricas de abogados y procuradores.
Finalmente, y como hemos actualizado los baremos de justicia gratuita, los abonos en la Comunidad de Madrid a los abogados y procuradores por estos servicios, son superiores a los que paga el Ministerio de Justicia en otras Comunidades, lo que garantiza que nuestra región es un referente en la asistencia jurídica gratuita, garantizando este servicio público de calidad.
Frente al gobierno socialista del “Doctor Fraude”, instalado en el sectarismo, en las fotos y en la propaganda de los anuncios de humo que tapen su inacción, como la eliminación de los aforamientos o los fichajes estrellados; frente al desgobierno podemita de Carmena y sus líos internos de confluencias , agrupación de partido que sólo impone restricciones y prohibicionesa los habitantes de Madrid sin soluciones que generen libertad y oportunidades, provocando un caos circulatorio permanente en el tráfico madrileño, con su impacto negativo en la economía y el empleo en la capital de España, el Gobierno del Partido Popular en Madrid cumple con sus compromisos de mejora de la justicia, consensuados con todos los actores judiciales garantizando a los ciudadanos un servicio público de calidad, más libertad y seguridad jurídica. Evidentemente, hay dos maneras muy distintas de gestionar los servicios públicos.
