Foto: @EFE
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Una vez que parece confirmado que la transmisión por aerosoles es una de las vías principales de contagio de la Covid-19, la Comunidad de Madrid se ha puesto manos a la obra para adecuar los establecimientos destinados a la hostelería y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, está estudiando la obligatoriedad de instalar medidores de dióxido de carbono (CO2) en los mismos.

Así lo ha planteado en un encuentro telemático con el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y representantes de del sector de la hostelería, a quienes ha planteado esta medida.

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En un comunicado, el Ejecutivo regional ha indicado que esta medida tiene como fin evitar la transmisión en lugares cubiertos y, por ello, apuestan «por medidas creativas que pasen por que la hostelería tenga cada vez más espacio al aire libre, pese a la llegada del frío».

El nivel de CO2 del aire exterior es de 400 ppm (partes por millón), y un valor entre 500 ppm y 700 ppm sería considerado como aceptable, por lo que, en caso de llegar a 800 ppm, la ventilación sería obligatoria.

Si la concentración de CO2 en una habitación sobrepasa las 1.000 ppm indicaría una mala ventilación y habría que ventilar de inmediato y al máximo posible.

Por ello, Ayuso estaría estudiando la posibilidad de instalar con carácter general estos sensores en los lugares de restauración ya que «suelen ser utilizados durante más de una hora y las personas se quitan la mascarilla para comer o beber».

Otras de las medidas que ha planteado el Ejecutivo regional es la obligatoriedad de realizar reservas en la restauración para así «tener localizado un número de contacto y poder facilitar el rastreo en el caso de que fuera necesario».

También se estudiaría la posibilidad de que los sonidos ambientes o los sonidos musicales tengan los mínimos decibelios para que «los clientes no tengan que forzar la voz al mantener conversaciones».

El Gobierno autonómico ha propuesto un sello de excelencia o buenas prácticas para que quede patente los espacios que ofrecen todas las garantías posibles, y esta medida se evaluaría en el Consejo de Gobierno junto a la Consejería correspondiente.

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