Ningún colectivo ha salido indemne de la crisis por el coronavirus pero, sin duda, uno de los más afectado ha sido el de los pequeños empresarios y autónomos, que han visto menguar drásticamente, cuando no desaparecer por completo, sus ingresos.
Y, a pesar de que la situación va remontando poco a poco, es obvio que necesitan una inyección económica para poder salir de nuevo a flote. Es por ello que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la convocatoria de ayudas directas, por un importe de 899,2 millones de euros, que se podrán solicitar a partir del 1 de mayo.
El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha explicado que, de los 899,2 millones de euros, 679 millones serán aportados por el Gobierno central y 220 millones serán fondos propios del Gobierno madrileño.
Podrán optar a estas ayudas más de 215.000 establecimientos pertenecientes a 120 sectores, que emplean a más de 848.000 personas, entre bares, restaurantes, comercios, taxistas, peluquerías y salones de belleza, academias, talleres de reparación, los centros de estética, tiendas de recuerdos, autoescuelas, ferreterías, tiendas de muebles, tiendas de iluminación, establecimientos de electrodomésticos o librerías.
La normativa estatal preveía dar respaldo económico a 95 sectores, mientras que las ayudas de la Comunidad de Madrid beneficiarán a otros 25 que se habían quedado fuera.
El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 1 de mayo -tres días antes de las elecciones autonómicas del 4 de mayo- y se podrán gestionar a través del portal web oficial de la Administración regional.
Fernández-Lasquetty ha señalado que el objetivo es que las ayudas puedan llegar a sus destinatarios a la mayor brevedad posible, concretamente antes de que finalice el mes de julio.
No obstante, el consejero ha indicado que el sistema de intercambio de datos que ha fijado el Gobierno central impedirá que puedan tramitarse con agilidad.
El importe de las ayudas oscilará entre los 3.000 y los 200.000 euros, y para acceder a ellas los potenciales beneficiarios tendrán que cumplir los requisitos que ha fijado el Estado en su real decreto ley, como haber perdido más de un 30 por ciento de la facturación como consecuencia de las restricciones provocadas por la crisis sanitaria.
