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Cambio radical en Telemadrid para «garantizar su futuro»

Cambio radical en Telemadrid para «garantizar su futuro»

Tras muchos meses de discusión, la reforma de Telemadrid ya es un hecho.

El pleno de la Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la reforma de la ley que regula Telemadrid, con el apoyo único del PP y la abstención de Vox, que incluye, entre otros aspectos, el cambio en el mandato de la dirección de la radiotelevisión pública.

La proposición de ley presentada por el PP se tramitará por el procedimiento de lectura única, una vía de urgencia para acortar los plazos de tramitación, eliminar el debate previo en comisión y la posibilidad de presentar enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

Los grupos de la izquierda y Vox han acusado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de querer hacerse con «el control» de Telemadrid con la reforma, mientras que el PP asegura que la intención es garantizar su «pluralidad e independencia» tras los «abusos» por parte de la dirección de la cadena pública.

Esta proposición de ley es la primera iniciativa legislativa planteada en esta legislatura que acaba de comenzar, que además tendrá lugar en un pleno celebrado fuera del periodo ordinario de sesiones (de septiembre a diciembre y de febrero a junio).

El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido que la actual legislación «no es acertada» y requiere una modificación para solventar  «disfunciones» económicas que asegura que ha habido en la radiotelevisión pública los últimos cuatro años.

El nuevo «formato»

Con la reforma, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015.

Esto podría conllevar la salida de José Pablo López de la dirección, que inició su mandato en 2017 hasta 2023.

El modo de elección del director general no varía, ya que debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea tras un concurso público de méritos.

Pero si llegada la fecha de la finalización de su mandato no se hubiera podido completar su nombramiento, el Gobierno nombrará un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional.

Para ello, se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación en el pleno de la Asamblea y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox suman.

Además, el PP plantea que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos parlamentarios como «mejor garantía de la independencia, neutralidad y objetividad de la televisión pública madrileña», en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.

Según el PP, las organizaciones profesionales y sociales más representativas del sector de la comunicación continuarán estando presentes en la televisión madrileña a través de su Consejo Asesor, mientras que la representación de los trabajadores estará garantizada en el Comité de Empresa.

Ayuso: reforma para «garantizar su futuro»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la reforma legal de Telemadrid y Onda Madrid para «garantizar su futuro, audiencia y calidad», ya que asegura que «un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro».

«Un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro, y por tanto es mi misión como gestora garantizar el futuro, la audiencia y la calidad de Onda Madrid y de Telemadrid y por eso reformamos una ley en el legislativo», ha respondido Ayuso.

Por otro lado, la diputada popular Almudena Negro ha asegurado que «no queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades», que apuntado que esta reforma corregirá la «rigidez de los sistemas de elección» de los órganos directivos.

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El portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha defendido que la actual legislación «no es acertada» y requiere una modificación para solventar  «disfunciones» económicas que asegura que ha habido en la radiotelevisión pública los últimos cuatro años.

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Con la reforma, el mandato del director general será de cuatro años, renovables, contados desde su nombramiento, frente a los seis años previstos en la ley de 2015.

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El modo de elección del director general no varía, ya que debe ser aprobado por una mayoría de dos tercios de la Asamblea tras un concurso público de méritos.

Pero si llegada la fecha de la finalización de su mandato no se hubiera podido completar su nombramiento, el Gobierno nombrará un administrador provisional con las mismas funciones y competencias, y deberá ser sometido a ratificación por parte de la Cámara regional.

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Además, el PP plantea que la totalidad de los miembros del consejo de administración de Telemadrid sean elegidos por la Asamblea de entre los propuestos por los grupos parlamentarios como «mejor garantía de la independencia, neutralidad y objetividad de la televisión pública madrileña», en lugar de que sean las organizaciones profesionales las que designen a parte de sus integrantes, como contempla la ley de 2015.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la reforma legal de Telemadrid y Onda Madrid para «garantizar su futuro, audiencia y calidad», ya que asegura que «un servicio público sin público no es un servicio, sino un negocio de cuatro».

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Por otro lado, la diputada popular Almudena Negro ha asegurado que «no queremos cerrar Telemadrid, queremos reforzarla y acabar con el abuso y las disfuncionalidades», que apuntado que esta reforma corregirá la «rigidez de los sistemas de elección» de los órganos directivos.

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