Freedom Day o hambre

Hace dos años dio comienzo una terrible pesadilla que aún hoy perdura, no en nuestros hospitales (gracias a Monesvol) pero sí en nuestros corazones. La emergencia sanitaria hace tiempo que desapareció, pero la emergencia económica y social se muestra más viva que nunca y contra eso ¡ay! no tenemos vacuna.

Sin embargo, personas de todo tipo, muchas de ellas – no lo dudo – de buena fe, atenazadas por el terror imbuido durante este tiempo, siguen insistiendo en los mensajes de prudencia, de restricción o de miedo, e incluso se atreven a afirmar que el mundo ha cambiado, que la vida anterior era tóxica y que nunca volveremos a 2019.

Es muy difícil tratar de acercar puntos de vista cuando el debate sale del terreno de la razón y se adentra en el de las emociones. Por eso en estas líneas trataré de argumentar con datos y reflexiones (y no con emociones) por qué considero que no existe ya una emergencia sanitaria de ningún tipo y por qué – en consecuencia – deberíamos volver urgentemente a la normalidad.

¿Por qué no existe emergencia sanitaria?

Convengamos de entrada que existen dos formas de evaluar la salud. La salud individual, que hace mención a todos y cada uno de nosotros como personas, y la salud pública, la que nos afecta como sociedad, con independencia de que a algunos les impacte de una u otra forma.

Es difícil negar que hasta 2020 España era una sociedad con una salud pública más que aceptable. Con sus puntos de mejora – sin duda – pero al fin y al cabo, con una de las mayores esperanzas de vida del mundo (83 años, fuente EOM) y con una excelente tasa de suicidios (8/100.000, la quinta de Europa, fuente Eurostat).

Podemos defender que no vivíamos nada mal en términos de salud pública, con independencia de que cada año, por pura ley biológica, murieran alrededor de 450.000 personas (fuente INE) no pocas de ellas jóvenes y de causas en teoría evitables o al menos prevenibles, como los accidentes de tráfico o ciertos tipos de cáncer.

Estos indicadores me permiten afirmar que nuestras muertes no son evitables. Existe un envejecimiento basal que no podemos evitar – es ley de vida – y que nos recuerda que nadie vive eternamente, aunque algunos solo lo hayan descubierto en 2022. Memento mori.

¿Por qué digo esto?

Porque – en mi opinión – solo podemos defender que se da una Emergencia Sanitaria cuando se producen uno o varios de estos elementos:

• La mortalidad real POR TODOS LOS CONCEPTOS supera claramente a la esperada (mortalidad basal).
• Se reduce sensiblemente la esperanza de vida.
• Hay colapso real o previsible del sistema sanitario.
• Hay impacto general sobre el sistema productivo.

¿Por qué insisto en “todos los conceptos”?. Porque al final la mortalidad basal es un balance de causas y consecuencias.  Si prohibimos los coches desaparecerán los muertos por accidente, pero se incrementarán los fallecidos por no llegar a tiempo al hospital. Cuando teníamos una de las mayores esperanzas de vida del planeta no parece arriesgado afirmar que nuestro balance tendía al óptimo.

Retomando la idea, si no se produce ninguna de estas situaciones (la tercera y la cuarta conducen directamente a las dos primeras) no podremos defender bajo ningún concepto que exista una emergencia de ningún tipo.

¿Se da alguna? En absoluto. No hay exceso de mortalidad respecto del periodo 2015-19 (fuentes MoMo y EuroMoMo) y no existe colapso del sistema sanitario ni es previsible que exista (si con la ola de Ómicron la carga sanitaria fue elevada, pero similar a otros inviernos, ahora con varios millones más de inmunizados es impensable una situación similar). Sirva como ejemplo que mientras escribo estas líneas los ingresados “por COVID” en Madrid no superan las 200 personas (35 aprox en UCI).

No existe, pues, ningún tipo de emergencia. Hace meses que desapareció. A nivel de Salud Pública ya estamos como en 2019.

¿Y entonces?

Si no existe la emergencia, es hora ya, sin esperar ni un minuto más, de volver a la normalidad. No debería hacer falta ningún argumento más: nuestro estado natural y legal es la libertad y el imperio de la ley, no la restricción ni la arbitrariedad. Fuera de los derechos fundamentales solo hay anarquía. Pero por si este motivo no fuera suficiente (que lo es) hoy tenemos uno igual de poderoso: el hambre.

¡Ya exageramos!

Bueno, escuchadme primero.

Como escribí en noviembre, la economía española estaba bajo mínimos. Con una falsa apariencia de crecimiento (veníamos del hundimiento de un 11% del PIB) tanto el consumo como el ahorro privado se mantenían bajo mínimos o en negativo, lastrados por el paro, los cierres, los ERTEs y la desconfianza. El paro estaba contenido, sí, pero de forma ficticia: la inmensa mayoría del nuevo empleo era público y temporal. Las horas trabajadas en el sector privado seguían por debajo de 2019. Y el coste de la energía (el lubricante y motor del progreso humano) ya apuntaba hacia un invierno desolador.

Desde entonces, la situación no ha hecho sino empeorar. A la crisis que ya se apuntaba en el horizonte se han unido cuatro elementos que suponen nuevos clavos en el ataúd de nuestro bienestar:

• El coste de la energía (tanto combustibles como electricidad) se ha disparado aún más.
• El miedo de los gobernantes españoles ha mantenido bajo mínimos el consumo privado.
• La crisis política y militar ha hundido la confianza y ha paralizado las inversiones productivas.
• La estanflación – como consecuencia lógica de lo anterior – amenaza a la generalidad de nuestro estado de bienestar.

¿Tal mal estamos?

¿Lo dudáis? He aquí algunos indicadores económicos que deberían dejarnos muy pero que muy preocupados:

• En cuanto a nuestra riqueza, somos de los pocos países de Europa Occidental que seguimos sin recuperar el PIB de 2019, ni parece previsible que lo hagamos durante 2022.  
• En consecuencia, y pese a los aumentos de impuestos y a los mayores ingresos por IVA, los ingresos del Estado siguen también por debajo de 2019.
• Nuestra tasa de paro está en el 13% aprox., pero como ya hace tiempo decía, es un escenario ficticio. La contención del desempleo viene del empleo precario en el sector público. Además precisamente por estas fechas están finalizando una gran cantidad de contratos temporales en la sanidad orientados a cubrir las olas de COVID. La caída del empleo público y la retracción del privado hará que el paro repunte sensiblemente en los próximos meses.
• La inflación interanual al cierre de marzo ha alcanzado el 10%, el valor más alto desde los años 80. Aun más preocupante: el aumento en este mes ha sido en torno a un 3%.
• Nuestro déficit público está por encima del 5% y la deuda pública está por encima del 120% del PIB, un escenario pavoroso en los próximos meses.
• La prima de riesgo está por debajo de 100 puntos, un dato muy bajo pero de nuevo engañoso porque está artificialmente mantenido a la baja gracias a la barra libre de liquidez del Banco Central Europeo.
• La confianza del consumidor se encuentra por los suelos y sin visos de remontar a corto plazo.  Como consecuencia, la tasa de crecimiento del consumo privado continúa en negativo.

En este escenario, cualquier gobierno en sus cabales hubiera tomado tres acciones inmediatas (tal y como se ha hecho en la mayor parte de Europa):

• Cancelar la emergencia sanitaria para impulsar el consumo privado.
• Bajar los impuestos directos, con el mismo objetivo.
• Reducir el gasto improductivo.

Sin embargo, en España la situación se agrava día a día porque el Gobierno no desea renunciar ni siquiera a un euro de su gasto improductivo, de sus transferencias ideológicas de rentas y de sus políticas extractivas. Y pese a que los ingresos se mantienen bajos, no es posible ordeñar aún más al exhausto ciudadano sin arriesgarse a la pobreza extrema y a la violencia en las calles. Por eso el Gobierno aplaza puntualmente la reforma fiscal.

¿Y que solución queda? Pues hasta ahora el sistema se ha mantenido a flote aumentando el déficit y la deuda aprovechando la barra libre de financiación del BCE (programa TLTRO III) pero este escenario (debido al descontrol de la inflación) toca a su fin. El BCE ya ha anunciado que a partir de Julio de 2022 comenzará a retirar parcialmente los estímulos. En respuesta, el Euribor ha comenzado su repunte.

¿Qué nos espera?

La retirada del programa TLTRO III tendrá un efecto dominó sobre la economía europea. A nivel gubernamental, porque impedirá financiarse a tipos ridículos, y aunque se mantenga la capacidad de financiación (que está por ver) gobiernos como el español tendrán que pagar más por colocar la deuda, lo que conducirá al incremento del déficit o a recortes de gasto (apostad por lo primero).  Y a nivel privado (familias y empresas) porque provocará un incremento del coste de la financiación, lo que provocará la subida de las hipotecas, la financiación productiva o el crédito al consumo. Menos dinero disponible y reducción de la demanda, que a su vez provocará más déficit (menos ingreso fiscal) en una suerte de tormenta perfecta.

¿Y entonces?

La estanflación nos acecha. Fuera de debates académicos sobre si se dan las condiciones (el paro de momento nos da un respiro) lo cierto es que una inflación cercana al 10% , el estancamiento económico y la deuda pública configuran un escenario insostenible.

El resto de los países europeos han entendido perfectamente el mensaje. Y de forma decidida en su mayoría, de forma más timorata algunos otros, todos han sido conscientes de que había que dar un golpe de timón hacia la normalidad, creando un shock de autoestima que impulse a consumir, combinado con bajas de impuestos, o caminábamos hacia nuestra autodestrucción.

¿Todos? No. Todos menos España: pese a que dependemos como nadie del consumo privado y el turismo, seguimos en modo pandemia, con mensajes de prudencia, gobernantes enmascarados y publicidad turística presumiendo de mascarillas ¿Nos hemos vuelto locos? Con casi todos los destinos turísticos del mundo presumiendo de eliminación de restricciones, apertura y normalidad ¿queremos seguir hundiendo nuestra principal fuente de ingresos? (18% PIB, fuente INE). ¿Qué pueden pensar los turistas que se plantean ir a Canarias y ven que en los hoteles ha estado hasta hace días prohibido el baile y se amenaza con que vuelva a estarlo en cuanto la IA suba unas décimas?

Y el hambre está (retomo la idea y cierro este capítulo) a la vuelta de la esquina. No soy yo quien lo dice. Con todas las cautelas que siempre provoca leer “un estudio”, lo cierto es que el ultimo publicado estos días por la FAO indica que un 11,4% de los españoles padece pobreza alimentaria.

Por eso insisto en mi mensaje que ya expuse en Julio de 2021 y que da título a estas líneas.

O Freedom Day o hambre.

Necesitamos un shock de demanda, un calambrazo de normalidad, que provoque que todos los españoles se olviden de sus miedos y se lancen a emprender, a consumir, a trabajar.  Y necesitamos que los turistas vengan en masa (esas campañas publicitarias donde se insiste en las mascarillas en exteriores – no obligatorias – parecen diseñadas por un cerebro enfermo). Ese shock solo se puede conseguir con un mensaje claro e inequívoco: la pandemia y la emergencia sanitaria son historia. Y a pesar de todo será difícil, pero sin shock es imposible.

Y para ello me permito sugerir algunas medidas:

SANITARIAS

• Cancelación de la emergencia sanitaria (por los motivos ya dichos)
• Cancelación inmediata y forzosa de TODOS los protocolos sanitarios y de cualquier otro tipo. Volvamos  a 2019.
• Prohibición por ley de que cualquier autoridad publica o privada dicte ningún protocolo restrictivo de ningún tipo.
• Especialmente, retirada inmediata y definitiva de la obligatoriedad de llevar mascarillas en todos los contextos (por su simbología pandémica) excepto en aquellos casos concretos de áreas infecciosas de hospitales donde – con las oportunas evidencias – se considere imprescindible.

ECONOMICAS

• Reducción de impuestos inmediata. Sin liquidez privada no hay consumo. Sin consumo privado no hay gasto ni ingresos fiscales.
• Reducción inmediata del gasto improductivo.
• Convocatoria de elecciones este año: es imposible afrontar esta crisis con un gobierno en modo electoral.

Termino con una reflexión. Es una falacia (o directamente un insulto a la inteligencia) afirmar que no es posible reducir los gastos públicos sin perjudicar a educación o sanidad. Primero porque eso supone que todo el gasto está optimizado (permitidme una sonrisa). Y segundo porque este año los ingresos fiscales serán en torno a 480.000 millones de euros, y el gasto en sanidad (80.000 millones) y educación (50.000 millones) solo supone el 27% del total. Anda que hay partidas para recortar. Pero de eso hablaremos … otro día.