Canal de Isabel II: 10 compromisos claros como el agua de Madrid

Canal de Isabel II ha publicado su primera carta de compromisos con sus clientes, diez promesas para dar solución a sus necesidades de forma "clara y transparente".

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Canal de Isabel II ha publicado su primera carta de compromisos con sus clientes, diez promesas para dar solución a sus necesidades de forma «clara y transparente» y que, de no cumplirse, podrán generar indemnizaciones inmediatas que van desde los 30 hasta los 420 euros.

La respuesta inmediata ante obras o cortes fortuitos del suministro, la instalación de nuevas acometidas, la revisión de facturas cuando haya averías o la rápida atención a las solicitudes de aplazamiento de pago son algunos de los compromisos recogidos en la carta.

Por ejemplo, Canal se compromete a comunicar con una antelación mínima de 24 horas la intención de realizar una obra que implique una interrupción del suministro con posible afección a la población, así como de manera personalizada los cortes fortuitos o programados a los usuarios que lo soliciten.

Para atender la falta de agua ante incidencias se facilitará, en un máximo de 4 horas, medios alternativos de agua de consumo, como garrafas o cisternas.

Sobre los aspectos a la contratación del servicio, el plazo de instalación de nuevas acometidas será de un máximo de 10 días laborables desde la obtención de los permisos necesarios, plazo que será de tres días laborables cuando sean edificios que ya disponen de la instalación necesaria para el suministro.

También se revisarán las facturas emitidas cuando se produzca un aumento notable del consumo debido a averías en instalaciones interiores de los clientes, siempre que se acredite la reparación de la misma.

Por otra parte, se difundirá de manera activa la tarifa social para que llegue a todos los ciudadanos que precisen acogerse a ella, y se atenderán todas las solicitudes de aplazamiento de pago en un plazo de 10 días laborables.

Finalmente, la empresa se ha adherido al Sistema Arbitral de Consumo y ha fijado un plazo máximo de cinco días laborables para informar sobre el estado de una reclamación.

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