/ 18 octubre 2021

La Policía Local podrá consultar el registro de la propiedad de casas okupadas

La Policía Local podrá consultar el registro de la propiedad de casas okupadas

La Policía Local de Madrid podrá comprobar directamente en sus investigaciones, los registros de la propiedad de casas que sufran allanamiento de morada, ocupación o usurpación de vivienda, mediante un nuevo convenio firmado entre el Gobierno regional y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y la decana de la Junta de Gobierno del Decanato Autonómico de Madrid del Colegio de Registradores han firmado este lunes este convenio por el que los agentes de los distintos Cuerpos de Policía Local de la Comunidad tendrán acceso, a través de un canal telemático, a esta información.

Consultas directas sobre la titularidad de los bienes inmuebles

López ha explicado en declaraciones difundidas a los medios que los policías locales podrán hacer esta consulta directa sobre la titularidad de los bienes inmuebles que estén ocupados las 24 horas al día y los 365 días del año por esta vía, sin necesidad de tener que hacerlas como hasta ahora, por el conducto burocrático ordinario.

El consejero asegura que este acuerdo ayudará a luchar contra un problema “que preocupa muchísimo a la ciudadanía”, como es el fenómeno de la okupación, y ha reiterado que “la propiedad hay que protegerla en sí misma, al margen de quién sea el propietario”.

Una medida para expedientes abiertos por este tipo de denuncias

Los datos que podrán obtener por este medio las policías locales de los registros de la propiedad sólo podrán versar sobre los expedientes que tengan abiertos por este tipo de denuncias y podrán ser relativos tanto a los denunciados como a los denunciantes.

Este convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España tendrá una duración de cuatro años -con la posibilidad de prorrogarse otros cuatro- y no supone ningún coste económico para la Comunidad de Madrid, según ha señalado el Gobierno regional en una nota de prensa. 

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