La Comunidad de Madrid ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el plan de ahorro energético aprobado mediante Real Decreto por el Gobierno de Pedro Sánchez, alegando una «invasión de competencias».

«Ante la cerrazón del Gobierno y su no rectificación desde la Comunidad de Madrid vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque se están poniendo en cuestión competencias propias de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concreto, las ligadas al comercio«, ha explicado Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, en un comunicado tras su reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera.

La consejera de Cultura madrileña, Marta Rivera, ha lamentado asimismo que Madrid será «la única gran capital europea cuyos escaparates permanecerán apagados». «Y será por mandato del Gobierno central. Cuando los visitantes extranjeros señalan la sensación de seguridad por la noche como uno de los principales motivos para viajar a Madrid, la imagen de la Gran Vía completamente a oscuras es la mejor campaña de disuasión del turismo que podría concebirse». Una queja que también ha hecho pública, a través de sus perfiles sociales, la propia Isabel Díaz Ayuso.

Las diez razones del recurso

Las quejas del Gobierno regional, según han transmitido, podrían resumirse en diez puntos fundamentales:

1. El carácter básico alegado por el Estado para invadir competencias autonómicas decae porque el objetivo del Real Decreto Ley (RDL) no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema, por lo que consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción.
2. De la misma forma, ese carácter básico es cuestionable porque nos encontramos ante un acuerdo europeo que no es obligatorio.
3. El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación.
4. La obligación de instalar cartelería, pantallas, etc. para informar de las medidas de ahorro energético no contribuye directamente a dicho ahorro energético, por lo que invade competencias autonómicas sin justificación.
5. La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?
6. El apagado de escaparates a las 22:00 horas colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?
7. El apagado de edificios públicos chocaría con la competencia del cuidado y utilización de los edificios propios de la Comunidad de Madrid y con el desarrollo turístico.
8. El adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones podría exceder las bases estatales, toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico.
9. Se produce una discrepancia entre la duración prevista de las medidas entre la normativa europea -1 año- y la indicada en el RDL -hasta octubre de 2023-.
10. La defectuosa configuración del régimen sancionador puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad en las sanciones que puedan imponerse, tal y como sucedió en las derivadas de los estados de alarma durante el COVID.

A pesar de ello, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, ha descartado que se vaya a modificar o aplazar la entrada en vigor del decreto de ahorro energético, pese a la petición de su retirada, además de la Comunidad de Madrid, por parte de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia.

Imagen portada: Comunidad de Madrid