La Guardia Civil ha detenido este martes a catorce empleados de la empresa pública administradora de la infraestructura ferroviaria Adif en el marco de una operación abierta por el presunto sobrecoste de 82 millones de euros en tres obras de construcción de la línea de Alta Velocidad en Barcelona, en la zona de la estación de La Sagrera.
Dentro de la operación se han realizado registros en quince domicilios en Barcelona y Madrid, tanto particulares como sedes profesionales de los diversos entes públicos y privados que participan en las obras, informó este martes la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.
El Juzgado de Instrucción 26 de Barcelona dirige la operación a partir de una querella de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que comenzó la investigación en noviembre de 2014 y tras recibir una denuncia presentada por el presidente de Adif.
Esta denuncia, presentada por Adif a la Fiscalía, manifestaba que en tres obras públicas de la Alta Velocidad en la zona de la estación de La Sagrera de Barcelona se habían detectado dobles mediciones que reflejaban diferencias sustanciales entre la obra certificada como realizada y la que en realidad se había ejecutado.
De esta forma, presuntamente se emitieron de forma reiterada e intencionada sucesivas certificaciones de obra con importes muy superiores a los trabajos que en realidad realizaron las empresas contratistas. La denuncia de Adif cuantifica el cobrecoste total de las tres obras en más de 82 millones.
La investigación y los presuntos sobrecostes afectan a tres proyectos. Se trata del de la construcción de los accesos a la estación de la Sagrera, la ejecución de la estructura de la misma estación y la construcción de la plataforma de la línea de AVE en el sector Sant Andreu, en el tramo La Sagrera-Nudo de la Trinidad.
La Fiscalía ve indicios de que en la trama no solamente han participado funcionarios directamente relacionados con las obras, sino también diferentes empleados de empresas privadas colaboradoras, y personas directivos de las empresas contratistas beneficiadas por el desvío de dinero público.
La Fiscalía ve «indicios sólidos» de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de favorecer indebidamente a las empresas contratistas, que presuntamente habían estado percibiendo de este modo sumas de dinero muy superiores a las que realmente les correspondía recibir.