La realidad es que la situación de PYMES y autónomos es sobrecogedora, a resultas no solamente de la situación actual provocada por las consecuencias del brete sanitario en el que nos ha metido el COVID-19, sino de las dificultades que muchas arrastraban desde la anterior crisis, de la cual todavía no se habían recuperado totalmente.
PYMES y autónomos que deben sin embargo seguir pagando unos impuestos, nada bajos por cierto, con la graciosa concesión, vendida a bombo y platillo de un aplazamiento que permite el cumplimiento de las obligaciones un mes más tarde. O incluso, aplazar el pago de los impuestos hasta fin de año. Como si dentro de un mes las empresas se hubiesen recuperado, cuando ni tan siquiera tenemos una idea de cuando puede finalizar el confinamiento; o como si después del verano la liquidez fuese a brotar milagrosamente en las empresas.
Lamentablemente no será así, dentro de un mes seguiremos debatiendo el mejor modo de desescalar el confinamiento y las empresas no podrán hacer frente el próximo trimestre al pago de los impuestos aplazados más los de ese mismo trimestre. Es más, para entonces muchas de las pymes y autónomos que ahora se ahogan ya habrán echado el cierre. Y con él destruido el empleo de sus trabajadores, incapaces de hacer frente a los costes salariales y de seguridad social con un consumo y una confianza tocados gravemente.
Y es que el traslado de la pérdida de confianza al deterioro de las expectativas económicas ya se percibe a solamente unas semanas de confinamiento, porque se ha perdido la credibilidad en la efectividad de las medidas que se están tomando. De poco sirve un apoyo al pago de alquileres cuando un mes más tarde de haberse impagado cientos de miles de arrendamientos todavía no existe el mecanismo de solicitud; cuando transcurrido el primer mes de confinamiento, un ejército de trabajadores que confiaban en el mensaje tranquilizador de los ERTES por fuerza mayor, comprueban en sus cuentas corrientes que no llegó el pago esperado; cuando PYMES y autónomos necesitados de liquidez para mantener la actividad se dan de bruces contra la burocracia de unas entidades bancarias que despachan denegaciones de créditos ICO vendidos a bombo y platillo, mientras destinan las gestiones preferentemente a sus mejores clientes, aquellos que no tienen necesidad de solicitar un préstamo ICO.
¿Realmente alguien puede pensar que con este panorama de desespero habrá una milagrosa recuperación en V que permita a los negocios abrir repentinamente y vender como si nada hubiera ocurrido? Esto no es un paréntesis. Es un punto y a parte como consecuencia de la factura de efectividad y agilidad de las medidas que se anuncian y se publican pero que no alcanzan a sus destinatarios a tiempo.
Son cada vez más quienes piensan en echar el cierre o ya se preparan para el peor escenario, ese en el que los avales ICO no llegan o llegan tarde, en el que el alquiler no se paga y en el que a la vuelta del confinamiento no hay un puesto de trabajo esperando sino un despido, prohibido o no, pero despido al fin y al cabo, porque la realidad de las cuentas de pérdidas y ganancias y los balances tiende a ser tozuda por encima de cualquier Real Decreto Ley que ahoga a los solicitantes de financiación y de prestaciones con una carretilla de papeles inabarcable.
Las cifras son devastadoras: más de seis millones de trabajadores esperando prestaciones, millón y medio de autónomos cesando su actividad y cuatro millones de trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo. Y todavía tenemos que sufrir el juego político de debate partidista sobre si es oportuna o no una renta mínima vital en este momento, solamente puesta en cuestión porque la misma la propuso Podemos. Demasiado juego político en un momento en el que deberíamos ver política con mayúsculas con el foco puesto en el interés de la sociedad en su conjunto por encima de intereses electorales.
Detrás de tantas trabas no hay sino la prudencia de unas entidades bancarias que lejos de cumplir con su responsabildiad social (no olvidaemos que la actividad bancaria está regulada precisamente por el interés social de su función pública, y es por eso que un ciudadano no puede sin más realizar actividades bancarias), en lugar de flexibilizar en este momento la evaluación de la solvencia (algo que incluso ha reclamado la Autoridad Bancaria Europea) para facilitar y agilizar la concesión de crédito, contrariamente a sus campañas de publicidad y lavado de imagen en estos días, la realidad es que están cerrando el grifo del crédito cuando debieran estar regando a PYMES y autonomos.
La historia de siempre, las declaraciones y el marketing van por un lado y la realidad de las sucursales con sus clientes por otro muy diferente, abundando nuevamente en malas prácticas como vincular las concesiones a cotrataciones paralelas, utilización para refinanciaciones propias previas al estado de alarma, fijación de intereses y condiciones abusivas, petición de avales personales com ola vivienda de los socios y otras tantas que demuestran que la cultura bancaria sigue siendo la misma.
Y nuevamente tenemos a la banca en el centro de un problema que lejos de ayudar a resolver, contribuye a su agravación, empujando a la actividad económica al peligroso juego de no puedo pagar porque no me pagan y aquí nadie asume riesgos.
Y así las cosas, se está instalando en muchos autónomos y PYMES la idea de abandono y próximo empobrecimiento, agravando aun mas si cabe la pérdida de confianza que de por si genera la crisis sanitaria.
Seamos claros: con los mecanismos actuales no vamos a tener una pronta recuperación ni vamos a salvar un solo empleo. No son operativas ni ágiles y no van a evitar cierres, deudas impagadas, insolvencia, despidos y para colmo y como un enorme bumerán, un aumento de la morosidad bancaria.
Así que sigamos pendientes del nivel de demagogia política y de hasta qué punto los titulares del consejo de ministros se transforman en un apunte en la cuenta corriente.
Porque hasta que eso no suceda no nos vamos a recuperar. Y en este contexto lo mejor que podemos hacer es prepararnos para lo que está por venir si no cambian el tono y la efectividad práctica de las políticas.