El Ministerio de Fomento no asumirá la gestión de las autopistas de peaje quebradas R-3 y R-5 si no es por mandato judicial, según indicó el titular en funciones de este Departamento, Rafael Catalá.
«Si el juez resuelve que deben quedar en manos del Estado, lo acataremos y haremos todo lo posible para formar parte de una solución equilibrada que garantice el servicio de las vías y los puestos de trabajo, y sea coherente sobre lo que los jueces decidan», aseguró Catalá tras un encuentro con el presidente de Murcia.
El ministro se manifestó de esta forma al ser preguntado por las dos radiales que el próximo 1 de octubre pueden quedar cerradas al tráfico, en cumplimiento de la resolución del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid que el pasado mes de mayo dictó la liquidación de estas vías, si antes de dicha fecha no se encuentra una solución para su situación.
En la actualidad, el Ministerio y la administración concursal de las vías trabajan in extremis para determinar una medida que garantice la continuidad del servicio de las dos infraestructuras.
En este sentido, el ministro ha afirmado que si Fomento asume la gestión de las autopistas, lo hará por ser «una decisión jurisdiccional, no negociada», porque ellos «no han promovido los concursos, ni han elegido el momento, ni la manera en que cada una de las sociedades concesionarias han llevado a cabo acciones judiciales».
Catalá ha reconocido que la situación en que se encuentran estas dos radiales de Madrid, y el resto de las ocho autopistas actualmente quebradas, es «complejo», dado que «cada uno tiene su ciclo temporal y sus circunstancias financieras».
El ministro en funciones recordó además que la situación de estas vías es uno de los asuntos que Fomento tiene «encima de la mesa» y que la postura del Ministerio al respecto sigue siendo la misma desde que hace casi tres años planteó una solución para su rescate, que no prosperó por el rechazo de la banca acreedora. «Fomento mantiene la misma postura desde el primer día, que pasa por ayudar a buscar soluciones», insistió.
LIQUIDACIÓN SIN EFECTOS SUSPENSIVOS
Las autopistas R-3 y R-5, participadas por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, forman parte de las ocho autopistas de peaje que se declararon en quiebra hace unos años.
Las dos vías llegaron el pasado mes de mayo al final de su proceso concursal y, ante la negativa de su banca a aceptar el plan de rescate de Fomento, el Juzgado dictó su liquidación, que se sumó a las ya decretadas previamente para otras dos autopistas.
No obstante, en el caso de la R-3 y la R-5, el juez dictó la liquidación «sin efectos suspensivos» y dio un plazo de cinco meses para ejecutarla, «ordenando» a sus empresas concesionarias «dejar de cumplir el contrato concesional y el cese total de actividad empresarial de las vías concursadas a partir del 1 de octubre de 2016».
A pesar de que Fomento recurrió esta resolución judicial, actualmente ha abierto una intensa negociación con los administradores concursales de las vías para evitar la suspensión de las dos autopistas, a apenas quince días para que se produzca.
Estas autopistas afrontan su riesgo de cierre mientras su tráfico repunta al calor de la recuperación del sector. La R-3 elevó un 5,6% el número de usuarios diarios en la primer mitad del año, hasta una medida de 10.523 vehículos, y la R-5 lo disparó un 9,8 por ciento, hasta 7.325 conductores.