El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado provisionalmente la modificación de las normas urbanísticas para adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos. Una medida busca mejorar el confort, accesibilidad, habitabilidad y salubridad en todas las viviendas de la ciudad. El texto aprobado se enviará a la Comunidad de Madrid para su aprobación final en un plazo de cuatro meses.
La modernización de la normativa se considera necesaria y urgente, ya que el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid lleva vigente 26 años. Esta adaptación permitirá actualizar la normativa a los cambios sociales, económicos, legislativos y tecnológicos. Además, se espera que sea un impulso para el crecimiento económico de la ciudad, generando empleo y aumentando el PIB.
Las nuevas normas urbanísticas promueven la construcción de viviendas más confortables, accesibles, saludables, sostenibles y eficientes. También establecen mejores condiciones para las actividades económicas y regulan el uso de dotaciones y espacios vacantes. Se simplifican los trámites administrativos y se brinda seguridad jurídica en todos los ámbitos.
Nadie viviendo en menos de 40 m²
Entre las mejoras, se establece un tamaño mínimo de 40 m² para las viviendas y se fomenta el uso de balcones y terrazas. Se regulan las zonas comunitarias, los trasteros y la transformación de locales abandonados en viviendas. Se permiten miradores con persiana y se liberan las azoteas para su uso y tránsito.
Se introduce el concepto de «factor verde» para aumentar la superficie vegetal en las edificaciones y se busca reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad del aire. También se regulan los modelos residenciales emergentes, como el coliving y el cohousing.
La normativa también busca revitalizar el centro de la ciudad y preservar su patrimonio, agilizando la implantación de dotaciones básicas y se permite el uso transitorio de solares. Por otro ladi, se posibilitará la construcción de viviendas tuteladas y de integración social en suelos dotacionales.
En cuanto a los usos terciarios, se establecen reglas claras y se actualizan los aforos de los locales. Se promueve la movilidad sostenible y se impulsa la actividad económica y la creación de empleo.
Las nuevas normas también simplifican el lenguaje burocrático, brindan seguridad jurídica y adaptan los tiempos de la administración a los de la sociedad. Se eliminan trámites reiterativos y se agilizan los procesos de aprobación de proyectos.
