MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Ecologistas en Acción ha reclamado al candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, su «compromiso» con el medio ambiente, la paralización de la Ley del Suelo y del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional del Guadarrama.
Según han explicado, desde 2003, cuando Esperanza Aguirre llegó a la presidencia regional, la calidad de la gestión ambiental «ha caído a mínimos históricos y buena parte de las decisiones se han tomado para favorecer intereses privados, en contra de los objetivos de conservación».
«En materia urbanística, las modificaciones de la Ley del Suelo para beneficiar proyectos particulares concretos han sido la tónica general. Las dos últimas, en esta legislatura», han añadido los ecologistas.
Al nuevo presidente le esperan grandes retos ambientales y urbanísticos: resolver el problema del proyecto de Ley de Suelo y Urbanismo heredado de Cristina Cifuentes, el Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y tomarse en serio la lucha contra el cambio climático. «El sistema clientelar, miope y opaco, en el que están sumidas la gestión ambiental y urbanística, debe quedar desterrado», han indicado los ecologistas.
En junio de 2015, pocas semanas después de las elecciones autonómicas, Ecologistas en Acción se dirigió por escrito a la entonces presidenta Cristina Cifuentes solicitando mantener una relación directa con la presidencia, como sucede en otras comunidades autónomas, «una petición nunca fue atendida».
Hoy, Ecologistas en Acción, espera que Ángel Garrido «se tome en serio la gestión ambiental y urbanística y escuche a la ciudadanía». Sus prioridades son el proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo, heredado de Cristina Cifuentes, el PRUG del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y una ley de cambio climático.
Para la organización verde, el proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo es «inasumible» y debe abrirse un proceso participativo «real2 y paralizar su tramitación porque «se ha redactado sin participación social y sin contar con los ayuntamientos de la región y ha sido rechazado por la mitad de la Cámara parlamentaria (PSOE y Podemos) y por una amplia mayoría social: colectivos vecinales, ecologistas, sindicatos y 82 ayuntamientos (de un total de 179) que representan a más del 80 por ciento de la población madrileña».
A su juicio, también «retrocede» en materia urbanística (reduce cesiones para dotaciones, zonas verdes, etc), en materia social (elimina las cesiones para construcción de vivienda pública de protección) y en participación (reduce plazos en los periodos de información pública)y «favorece la desprotección del suelo rústico y del patrimonio histórico y pone en manos del mercado los cascos urbanos de ciudades y pueblos, favoreciendo procesos de gentrificación y turistificación».
En relación al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, actualmente se está tramitando el PRUG, un documento esencial para garantizar el uso adecuado de este espacio protegido. Sin embargo, en este caso para Ecologistas en Acción «se anteponen los intereses de los sectores que realizan actividades económicas a la protección del espacio protegido, lo que derivará con toda probabilidad en una mayor degradación de la Sierra».
Por ello, solicitan la retirada del texto actual y su sustitución por un documento que regule los usos y actividades, en el Parque Nacional, «tomando como referencia la protección y conservación del espacio, no el clientelismo y la desprotección, como se ha producido hasta ahora.»
En relación al reto global para frenar el cambio climático, mientras comunidades autónomas como Baleares o Cataluña ya han avanzado en la elaboración de una normativa de cambio climático, la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más emisoras del país, aún no ha empezado a desarrollar esta ley.
«La formación de grupos de trabajo seleccionados por la administración regional ha demostrado en numerosas ocasiones su incapacidad para afrontar los retos de la región. La lucha contra el cambio climático no se puede dejar a la mera voluntariedad de los actores políticos y requiere de medidas ambiciosas capaces de frenar un modelo ladrillista y fósil impulsado por la administración regional durante décadas», ha concluido la organización ecologistas, que solicitará la próxima semana una reunión con Garrido.