En los últimos meses todas las redes sociales y páginas web en las que estamos registrados han mostrado un mensaje advirtiendo de que se tiene que aceptar su nueva política de datos. Todas ellas avisaban de que esta debía leerse y aceptarse antes del 25 de mayo de 2018. El motivo es que este día se cumple el plazo de dos años que la Unión Europea dio a las empresas para implantar su Reglamento General de Protección de Datos.
A partir de este momento, todas las empresas deberán cumplir con las normas establecidas en dicho reglamento. Pese a que no es un reglamento nuevo, sus efectos se han empezado a notar en los últimos meses. La gran duda surge en torno a cuáles serán sus consecuencias.
¿CÓMO AFECTARÁ EL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS A LOS USUARIOS?
En general, se trata de una normativa pro-usuario, que le devuelve el poder y control y sus datos frente al uso que las empresas hacen de ellos. El reglamento endurece las condiciones en las que las empresas pueden emplear los datos de sus usuarios. A partir del día 25 es obligatorio que todas las empresas comuniquen a los usuarios qué datos suyos tienen, cómo los han obtenido, para qué se van a usar y durante cuánto tiempo se van a conservar. Además, es obligatorio aportar la justificación normativa que les permite realizar esa cesión o uso de los datos.
Las condiciones de las políticas de privacidad tendrán que exponerse de forma más simplificada, por un lado, y de forma más exhaustiva, por otro. Una primera pantalla mostrará un resumen de estas condiciones y se incluirá un enlace a otra pantalla con su explicación completa.
La norma incluye la portabilidad de los datos, algo que hasta ahora no existía. Un usuario cuyos datos esté tratando una empresa, puede solicitar recuperarlos para que sea otra empresa la que los gestione.
Además, a partir de ahora el ciudadano tiene derecho a pedir que se borren sus datos de cualquier buscador, página web o red social. Así lo había reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con anterioridad. En definitiva, una normativa que da más poder al usuario, exige a las empresas ser transparentes y permite exigir información acerca de los datos propios.
