El Arzobispado de Madrid insiste en que la decisión sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco corresponde al Gobierno y la familia del dictador, no a la Iglesia.
El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, confirmó que el Consejo de Ministros aprobará este viernes 24 de agosto la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos mediante un decreto ley que modifica la Ley de Memoria Histórica.
En caso de conflicto entre el Gobierno y los familiares del dictador, se podría requerir la mediación de la comunidad benedictina del Valle de los Caídos o incluso elevarse a la Santa Sede, según explican fuentes eclesiales. Según estas fuentes, Patrimonio Nacional es el administrador temporal del Valle de los Caídos pero, al mismo tiempo, la basílica está encomendada a la comunidad benedictina, por lo que en un hipotético conflicto, se acudiría a la congregación.
En concreto, los benedictinos del Valle de los Caídos dependen de la congregación de Solesmes, al noroeste de Francia, cuyo abad es el monje Philippe Dupont, quien podría llegar a ser consultado en el hipotético caso de que la comunidad benedictina deba mediar sobre la exhumación de los restos del dictador.
Sin embargo, fuentes próximas a Philippe Dupont señala que la exhumación de Franco «es una cuestión que concierne a los españoles, no a los franceses», y no han querido valorar la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. En cualquier caso, han pedido que «la paz y la armonía reinen entre los españoles».
Aunque la comunidad benedictina del Valle de los Caídos goza de autonomía, en caso de conflicto también se escucharía por deferencia al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, como responsable de la diócesis donde se encuentra la abadía.
LA FAMILIA DE FRANCO SE OPONE
El nieto del dictador Francisco Franco, de quien ha heredado el nombre, considera que es «absurdo» ordenar la exhumación de su abuelo por decreto ley como previsiblemente va a hacer el Gobierno, ya que en su opinión esta fórmula está prevista para temas urgentes y no para «tomarse la revancha 42 años después».
«Las cosas se hicieron en su momento y ahora, cuando ya la gente que hizo la guerra y conoció lo que es eso se ha muerto, es oportunista y propagandístico el querer tomarse una revancha 42 años después, cuando no va a haber nadie que se oponga, obviamente, porque a nadie le importa esto, más que, parece ser, al Gobierno», ha señalado en declaraciones a Europa Press.
En su opinión, «hay cosas más importantes que hacer» y «los decretos ley son para cosas urgentes y necesarias». «Cuando han pasado cuarenta y dos años, lo del decreto ley es absurdo y si quieren hacerlo, pues ellos sabrán de qué se preocupan», ha apostillado, para incidir en que «prioritario no es» y a su juicio, resulta «ridículo» que se gaste «tiempo y dinero» en ello.
«No podemos estar pendientes de lo que diga o haga el Gobierno cada vez. Cuando sea, nos enfrentaremos a ello y tomaremos la decisión que corresponda», ha señalado, para subrayar que la familia Franco, que tendrá derecho a presentar alegaciones contra la exhumación cuando el decreto comience a andar, aún no ha determinado qué hará.
En cuanto a la relación de la familia con el Gobierno, Franco afirma que «no hay nada que hablar»: «En su momento se pusieron en contacto para ver si estábamos dispuestos pero nosotros hemos dicho que no, porque, obviamente, no vamos a permitir que se haga política con una cosa que no le importa a nadie o le importa a muy poca gente».
