El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, advirtió ayer a alcaldes de todo color político, incluidos los del PP, que si vuelven a «señalar y marcar» a menores extranjeros no acompañados (MENAS) elevará un escrito a la Fiscalía de Menores poniéndolo en su conocimiento.
Así ha respondido el presidente madrileño ante la negativa de varios ayuntamientos madrileños, entre ellos Pozuelo de Alarcón, Somosierra o Tres Cantos, de acoger a estos menores en sus localidades. «Es muy curioso porque ya da igual el ayuntamiento, al final siempre se recibe la misma cantinela», comentó el dirigente autonómico tras el acto de presentación del cambio de nombre de la estación de Metro de Metropolitano a Vicente Aleixandre.
Garrido ha indicado que, a partir de ahora, no dará ningún dato sobre dónde se llevarán a estos niños, ya que a diferencia de lo que ha sucedido con estas localidades han ido a otras que no se han conocido y en las que «no ha habido ni un solo problema ni incidente».
Para le presidente, todos los consistorios quieren ayudar a los MENAS siempre que no sea en sus municipios. «Son niños que están solos. Ya está bien vamos a ser todos un poquito más conscientes de lo que tenemos entre manos», sentenciaba. En este sentido, ha pedido «un poquito más de solidaridad por parte de todos, menos palabras y más hacer».
LA ALCALDESA DE POZUELO HA RESPONDIDO A GARRIDO
La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, ha contestado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido que «no se puede acusar a los ayuntamientos de «señalar y marcar» a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) cuando lo que no se cumple es la legalidad, según un informe de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento».
La alcaldesa ha recordado que los menores «tienen que estar en centros que garanticen sus buenas condiciones» y «no en viviendas que no permiten ese uso, incumpliendo las normativas locales urbanísticas»
«No vamos a consentir que se nos acuse de criminalizar o estigmatizar a los menores ni se trate de desviar la atención cuando lo que tenía que haber hecho la Comunidad de Madrid es dirigirse al Ayuntamiento para buscar un sitio adecuado. No es un problema de ciudad o municipio, sino de que el lugar cumpla con los usos que establece la normativa municipal», ha afirmado.
Pérez Quislant ha insistido en que este centro «tendría que haber contado» con una autorización municipal previa, «tal y como exige la propia normativa regional». «Antes de realizar determinadas advertencias, los responsables públicos debemos exigir que se cumpla la legalidad», ha concluido.
