La Asamblea de Madrid suprimirá el régimen de alquiler con opción a compra de la vivienda protegida, cuyos inquilinos gozarán de unas garantías en caso de enajenación, posibilidad de la que quedará excluida la vivienda con protección pública cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid, que no podrá ser objeto de transmisión a terceros distintos de los inquilinos.
Así consta en el dictamen al Proyecto de Ley por el que se establece el mecanismo compensatorio de la repercusión obligatoria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los arrendatarios de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que a iniciativa del PSOE incluye medidas en materia de vivienda protegida.
El dictamen será sometido a debate y votación este jueves en el Pleno, después de que haya sido aprobado por unanimidad en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
La ley, tal y como recoge el dictamen, articula la reducción por importe equivalente a la cuantía de la repercusión obligatoria del IBI a los arrendatarios de viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, de forma que no constituya para los mismos un incremento de las cantidades a abonar.
Según la ley, el acceso a la vivienda con protección pública será en propiedad o en arrendamiento, de manera que se suprime la tipología de vivienda protegida para arrendamiento con opción a compra.
Asimismo, establece las condiciones para la enajenación de viviendas con protección pública, que se conjugan con garantías para los arrendatarios de vivienda protegida.
En concreto, se prevé un derecho de adquisición preferente para personas jurídicas con reconocida dedicación a la gestión de vivienda protegida con fines sociales, con la obligación por parte del nuevo titular de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones, sin que dichas enajenaciones puedan ir en perjuicio de terceros.
Se exceptúa de lo anterior la vivienda con protección pública cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid, que no podrá ser objeto de transmisión a terceros distintos de los inquilinos o sus causahabientes.
Por otro lado, la Agencia de Vivienda Social podrá establecer con entidades privadas y con entidades financieras convenios de colaboración para la gestión de vivienda protegida en régimen de alquiler.
Aparte, según la ley, el desarrollo de políticas de vivienda con protección pública a través de la Agencia de Vivienda Social se efectuará, principalmente, con la construcción y promoción de viviendas con la utilización de los suelos disponibles por parte de la Comunidad de Madrid.
«NO HABRÁ TENTACIONES DE ENAJENACIONES CON FONDOS BUITRE»
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PSOE en la Comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Daniel Viondi, se ha felicitado por el hecho de que «desde el Parlamento el PSOE ha transformado una ley por completo, demostrando que puede legislarse desde la oposición cuando un gobierno se encuentra en minoría».
«Hemos delimitado un modelo claro de cómo debe desarrollarse la vivienda social en Madrid, no habrá veleidades del gobierno en comprar vivienda a los bancos ni tentaciones de recuperar enajenaciones de viviendas como las vividas con los fondos buitres», ha destacado.
No obstante, ha añadido que aquí no acaba su trabajo porque están en un Proyecto de Ley sobre la función social de la Vivienda a propuesta del PSOE, «si el gobierno no acepta tramitar la ILP ciudadana sobre esta cuestión».