La fuga de empresas que abandonan Cataluña por miedo a quedar fuera de la Unión Europea si la región concreta su independencia no es sino reflejo del estado de ánimo de una clase empresarial que observa una eventual separación como un choque enorme. No estamos sin embargo ante una situación de pánico ni ante mera hostilidad hacia la independencia, sino ante un evento de quiebra de confianza cuyo efecto se dejará sentir durante años, en los que al traslado de sedes sociales seguirá el traslado de parte de sus actividades.
El abandono por los independentistas de la hoja de ruta actual, la aplicación del artículo 155 o la convocatoria anticipada de elecciones no cambiará la situación: Barcelona ha perdido su brillo y atractivo como metrópoli económica y comienza ahora un lento pero largo descenso en el terreno económico. Una situación de la que fácilmente podría tardar una década en recuperarse podría seguir el movimiento físico de las oficinas, la destrucción de empleo y un cambio en la gestión administrativa y de dirección de las empresas.
El reconocimiento del impacto de las cuestiones políticas forma parte del deber fiduciario de los inversores. Lo sucedido debiera ser una llamada de atención a electores y políticos que colocan sus intereses acorto plazo por delante de la preocupación por las consecuencias de una visión de medio y largo plazo sobre el funcionamiento de las empresas, los rendimientos de las inversiones y el comportamiento del mercado, todo ello en relación con el nivel de vida y bienestar de la comunidad política que nos engloba a todos.
Las políticas públicas exigen a los inversores ejercer sus derechos y responsabilidades como propietarios, pero también los inversores ejercen legítimamente su derecho al libre desarrollo de su actividad económica e incorporar a sus decisiones de inversión y gestión el impacto de las políticas públicas. Las motivaciones emocionales y afectivas por parte de los electores son legítimas, pero no son menos legítimas las motivaciones de responsabilidad fiduciaria.
Puede resultar una obviedad, pero nunca está de más recordar la relevancia financiera de las cuestiones de gobernanza para contribuir al desarrollo de un sistema financiero más estable y sostenible que beneficia a la sociedad en su conjunto.
Previsiblemente una nueva clase de empresarios tome el relevo y tras un periodo más o menos largo, Cataluña recuperará en el dinamismo económico, cultural y político. Pero hasta que eso suceda y el entorno sea favorable, no nos encontramos ante una simple anotación en el Registro Mercantil o cuestión de imagen sino ante una cuestión estructural.