Los programas electorales están para cumplirlos. Como tantas veces ha explicado la Presidenta de la Comunidad de Madrid “para mí el programa electoral es un contrato con los ciudadanos que debe ser cumplido”. Esta afirmación que resulta obvia por honesta, no es la opinión de todos los líderes políticos que hoy tienen responsabilidades ejecutivas en nuestra región.
Sin ir más lejos, una vez que la Alcaldesa de Madrid se hizo con el bastón de mando por el apoyo de los concejales socialistas, no le dolieron prendas al aseverar que entendía su programa electoral, aquel con el que Ahora Madrid concurrió a las elecciones, como “una lista de sugerencias”. Lo que ayer fueron promesas electorales, se convierten en meras sugerencias cuando alcanzan el poder. Y aquí paz y después gloria.
Pero no todos los políticos son iguales, ni mucho menos. Desde que la Presidenta Cifuentes tomó posesión el pasado junio, raro es el Pleno en el que ella misma o alguno de sus consejeros no explica alguna nueva iniciativa que suponga el cumplimiento de alguno de los 300 puntos del programa electoral con el que pedimos el voto a los madrileños.
Durante los dos últimos plenos de la Asamblea de Madrid, los primeros del año 2017, tanto la Presidenta de la Comunidad como el Consejero de Presidencia y Justicia han informado a la Cámara de que el presente año van a continuar destinando más recursos para la Administración de Justicia, tal y como reza el programa electoral.
El pasado año el presupuesto en materia de justicia aumentó un 7%. Esto supuso una subida de 3 puntos por encima del presupuesto general de la Comunidad y 2 por encima del correspondiente al conjunto de la Consejería.
Este esfuerzo inversor ha permitido que la asistencia jurídica gratuita tuviera un 30% más de presupuesto, hasta 42 millones de euros, 10 más que en el ejercicio anterior. De este modo, se van actualizando progresivamente los baremos y se garantiza un mejor funcionamiento de un servicio esencial en democracia que ha merecido estar entre las prioridades del gobierno, como lo estuvo al formar parte del programa electoral.
También en materia de personal se han adoptado medidas que favorecen la agilidad de los procesos judiciales gracias a un aumento presupuestario cercano a 18 millones, hasta alcanzar los 259,5. De este modo, se han convocado el máximo de plazas permitido por el Ministerio, se han nombrado 881 interinos a fin de cubrir la plantilla completa de los juzgados que cuentan con mayor carga de trabajo y se ha doblado el número de refuerzos en los juzgados.
El capítulo de infraestructuras judiciales, al que tanto daño hizo la profunda crisis económica, fue también objeto de un incremento presupuestario superior al 25% respecto al año anterior. Se trata de optimizar los recursos, continuar impulsando la concentración de sedes y dotarnos de edificios que cumplan la importante función a la que son llamados.
Esta es una prioridad del Gobierno autonómico. Tras una evaluación del estado de la Justicia en la región, está ultimando un plan de choque para ser consensuado con los sindicatos y un plan estratégico plurianual con la suficiente dotación presupuestaria.
Al impulso de las nuevas tecnologías le sigue ahora la modernización y mejora de las infraestructuras judiciales, hasta el punto de ser un eje prioritario del Gobierno para 2017.