Este marzo de 2017 nos ha traído a los madrileños una Ley de ésas que dan pleno sentido a la política y satisfacción por ejercerla: la Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir, aprobada el pasado día 2 en la Asamblea de Madrid, que es nuestro parlamento regional.
Ese sentido y esa satisfacción responden, principalmente, a dos razones. En primer lugar, al hecho de que la citada Ley fue aprobada por unanimidad, en virtud de un acuerdo de los cuatro grupos políticos que componen la Cámara: Partido Popular, Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, ordenados de mayor a menor representación. En estos difíciles tiempos que vivimos, es un gusto ver que todos los partidos presentes en un parlamento alcanzan consensos, pues ello indica que no todo es confrontación en la arena política y que lo aprobado colma la voluntad o el deseo de todos los ciudadanos, porque éstos están plenamente representados por el conjunto de los diputados del arco parlamentario.
Y en segundo lugar, a mi convicción de que a todos nos beneficia saber que en nuestros momentos finales, sea cual fuere la duración de éstos, se nos atenderá y tratará de acuerdo con la voluntad que dejemos expresada estando en plenitud de facultades mentales y evitándonos a nosotros y a quienes nos quieren, si tal es nuestro deseo, sufrimientos estériles e innecesarios.
Desde este mes de marzo de 2017, todos los madrileños tenemos derecho a dejar prescrito qué cuidados y atenciones habrán de procurársenos si en el futuro nos hallamos en una situación terminal o de agonía como consecuencia de una enfermedad o un accidente. Y vamos a tener la plena posibilidad de ejercitar ese derecho tan pronto como se arbitren las prescripciones de la Ley que nos ocupa.
Gracias a esta Ley, tenemos derecho a que se nos apliquen cuidados paliativos integrales y de buena calidad que alivien nuestro dolor si nuestro organismo no responde al tratamiento que se nos esté aplicando.
A pasar ese trance bien en habitación individual en un centro sanitario o bien en nuestro domicilio. Esto último, siempre que los médicos lo consideren adecuado.
A que nos sea retirado, ajustado o no instaurado un determinado tratamiento cuando esto sea acorde con un pronóstico de vida limitada.
A estar acompañados y auxiliados espiritualmente, toda vez que ello no perjudique los cuidados sanitarios que se nos estén procurando.
A que todo lo mencionado se haga con respeto a nuestra dignidad, nuestros valores y creencias y nuestra intimidad.
Y a que un Comité de Ética Asistencial asesore a los profesionales sanitarios que nos traten en las decisiones clínicas que puedan dar lugar a conflictos éticos.
Desde este año de 2017, todos los madrileños podemos dejar instrucciones, en cualquier centro sanitario de la Región, sobre los cuidados médicos y las atenciones que queremos recibir cuando nos encontremos en el proceso de morir. Y nuestras indicaciones serán de obligado cumplimiento para los poderes públicos. Lo cual es una tranquilidad para quienes deseamos evitar malos ratos a otras personas y pasar por situaciones personales no deseadas cuando llegue nuestro momento.