Dicen que para los gustos se hicieron los colores y, vista la controversia generada en la Asamblea de Madrid en las últimas semanas, se conoce que los colores –políticos- también se hicieron para los gastos. Ángel Gabilondo quiso el pasado jueves desmentir el hecho incontestable de que la inmensa mayoría de los recursos que administra la Comunidad de Madrid se destinan a fines sociales. A su argumento se opone el hecho de que la Sanidad y la Educación superan de largo los dos tercios del presupuesto regional, y que a estas competencias centrales de cualquier comunidad autónoma se añaden a continuación los Servicios Sociales, las políticas de Empleo o el Transporte. En su argumentación, propia no ya de la socialdemocracia del siglo XXI sino del socialismo del XIX, vino a sostener que “social” es la exacción fiscal y su posterior aplicación a través del gasto público sin otro fin que el de la redistribución lineal de riqueza. Esto es, una Hacienda-Robin Hood que sólo exige de “los ricos” para dárselo a “los pobres”. Nada de servicios públicos universales, ni de igualdad de oportunidades… ni tan siquiera una mínima compensación de los gastos que realizan las familias de nuestra inmensa –e inmensamente maltratada por la crisis- clase media (en su intervención parlamentaria, el portavoz socialista llegó a censurar que se den ayudas a las que según él son familias “acomodadas”). Un enfoque obsoleto y sonrojante de lo que es la política social que ni siquiera se justifica para criticar el impulso que el Gobierno de Cristina Cifuentes está dando al papel de la Comunidad de Madrid como gran prestador de servicios públicos universales y, sí, también redistribuidor a través de multitud de políticas concretas. 

Puede que esta súbita comodidad del portavoz socialista a la hora de ponerse “colorado” negando las evidencias más básicas de nuestro Estado del Bienestar responda al dilema ideológico que enfrenta el PSOE con la irrupción de Podemos en su espacio político. Puede que sea así, pero no debería ser necesario bajar tanto el listón de exigencia intelectual para disputar el voto de izquierdas. A fin de cuentas, los de Podemos no tienen reparo en defender una fiscalidad confiscatoria que permita rellenar el insondable abismo que en su visión fractura nuestra sociedad entre casta y gente (ya se sabe, hasta que sólo quede gente, o, lo que es lo mismo, hasta que sólo queden pobres). Y no parece que el socialismo de Sánchez pretenda asumir tan pronto esa posición, resumida en aquella proclama de un dirigente podemita madrileño, que le anunciaba a un discrepante aquello de “os vamos a freír a impuestos”. Aún hoy, querríamos creer que existe diferencia entre ponerse –políticamente- “colorado” como los socialistas y ponerse directamente “morado”, como los de Iglesias. Quedaría por ver, a efectos de gastos, en qué consiste lo de ponerse “naranja”. 

Ciudadanos presenta ante las convocatorias electorales programas de gobierno, aparentemente elaborados y coherentes, que reflejan gran preocupación por la deriva del gasto público y repiten la consabida consigna de la austeridad.  Nada que objetar a tan encomiable propósito, si no fuera porque una vez elegidos sus representantes, cada vez que tienen ocasión –ocurre a menudo en la Asamblea de Madrid-, apoyan con sus votos un incremento del gasto público. Una irresistible tendencia al soplar mientras se sorbe que se entiende menos, si cabe, cuando se definen a sí mismos como una fuerza de “centro liberal”. Salvo que confundamos –acaso ellos lo hacen- liberalismo con liberalidad, como Gabilondo hace con social y socialista. Está visto que, si hablamos de gasto público, falta rigor y sobran colorines.

Diego Sanjuanbenito es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.