La sentencia más comentada del año y posiblemente de la década, fue comunicada oficialmente este lunes, 14 de octubre, después de haber sido filtrada a los medios a lo largo del fin de semana. Lo de las filtraciones judiciales es algo muy grave a lo cual va siendo hora de poner coto. No es la primera vez, ni mucho menos, que los encausados se enteran del fallo judicial por los medios de comunicación.
Con esta sentencia histórica queda claro que en nuestro Estado de Derecho quien la hace la paga. Que la Ley ha vencido, una vez más, a los delincuentes. Cuando Junqueras, Forcadell, Turull, Romeva, Forn, Bassa, Rull, y Cuixart se levantaron contra el orden constitucional los días 6 y 7 de septiembre y 1 de octubre de 2017, no contaban con la firmeza de los jueces y de la fiscalía. La instrucción del juez Llarena ha sido ejemplar. Ahora, conocida la resolución, toca acatar la sentencia. Con sus luces y sus sombras. Y pedir tranquilidad al noble pueblo español, especialmente al que reside en Cataluña.
Allí va a resultar fundamental estos preservar el orden público, evitar la violencia supremacista de los violentos CDR. Si hubiera algún tipo de enfrentamiento o intento de evitar el cumplimiento de la sentencia, corresponde al gobierno de Pedro Sánchez aplicar inmediatamente la Ley de Seguridad Nacional y cortar de raíz cualquier algarada. Para ello contará con el apoyo del Partido Popular, como ha manifestado nuestro presidente, Pablo Casado.
Desde el PP le pedimos a Pedro Sánchez que le diga a todos los españoles que no va a indultar a los condenados, como pedía Miquel Iceta en diciembre de 2017, dos meses después de la violencia subversiva desatada, y en plena campaña para las elecciones generales del pasado mes de abril. Pedro Sánchez debe de garantizar que el gobierno no va a buscar este tipo de atajos políticos. Porque hacerlo solo sería debilitar a España como nación. Sospecharlo tiene su motivo: al fin y al cabo el PSOE ha llegado a acuerdos de gobierno con los partidos cuyos líderes hoy han sido condenados, en más de cuarenta ayuntamientos catalanes.
Para evitar una repetición de lo sucedido, conviene abordar cuanto antes una reforma legislativa por medio de la cual se reintroduzca en nuestro ordenamiento jurídico la sanción penal para la convocatoria de referéndums ilegales, recuperar el delito de rebelión impropia (rebelión sin uso de violencia) que el PSOE modificó, cumplimiento íntegro de las penas para quienes cometan estos delitos, cambiar la Ley de Financiación de Partidos Políticos, así como modificar la legislación acerca de los indultos, para evitar veleidades cómplices en casos de sedición o rebelión.
