Las sillas a motor de cuatro ruedas de la empresa Looper funcionan y se alquilan en Madrid sin licencia, amparándose en un vacío legal que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por PP y Cs, quiere solventar con la futura modificación de la ordenanza de movilidad sostenible.

La «complejidad» de este nuevo servicio, que se reserva con el móvil, igual que los patinetes, «deriva de si este tipo de aparatos son considerados silla de ruedas, y como tal podrían circular por la acera, o si son definidos como vehículos de movilidad urbana, que entonces deberían circular por la calzada», explican a Efe fuentes del área de Medio Ambiente y Movilidad.

Desde el Consistorio madrileño señalan asimismo que el área dirigida por el edil del PP Borja Carabante está realizando una prueba piloto en el entorno del parque del Retiro «para ver cómo están funcionando y la demanda que tienen».

Sin embargo, cualquier viandante puede ver sillas de Looper repartidas por todo el centro de Madrid y desde su aplicación se pueden localizar en diferentes zonas, así como reservarlas para que la repartan a domicilio.

Cada trayecto cuesta un euro y, aunque Looper pregunta a sus usuarios si tienen o no movilidad reducida, permite que cualquier persona haga uso de este vehículo que puede circular por la acera, según se indica en la aplicación y la web.

Se diferencian de los patinetes y las bicicletas de motor por la velocidad que alcanzan. Mientras que los vehículos de movilidad personal pueden llegar a los 25 kilómetros por hora, estas sillas alcanzan un máximo de 5 km/hora, el mismo ritmo que un peatón.

De hecho, una instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT) señala que «los artilugios que no sobrepasan la velocidad de 6 km/h. tienen la consideración de juguetes».

En la actual normativa de movilidad de la capital, aprobada por la exalcaldesa Manuela Carmena, no se alude a estas sillas a cuatro ruedas pero se prohíbe que los vehículos con motor suban a las aceras, mientras que los que no lo tienen -patinetes sin motor o patines- se rigen también por un tope de 5 kilómetros/hora.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida busca ordenar en el nuevo texto de la ordenanza de Movilidad Sostenible «todos estos nuevos modos de transporte» para que «los ciudadanos y también las empresas puedan conocer dónde se puede circular y como se deben estacionar».

Como ocurre con los patinetes, el estacionamiento provoca conflicto porque las aceras están repletas de artilugios que dificultan el paso de los viandantes, perjudicando especialmente a personas con movilidad reducida e invidentes. Y ello a pesar de que la normativa impide estacionar en aceras de menos de 3 metros, una regla de la que Looper se hace eco.

La molestia que provocan estos vehículos hace que el presidente de Famma (Federación de Asociaciones con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid), Javier Font, rechace su implantación en Madrid.

En conversación con Efe, Font considera «perverso» que esta empresa aluda a un mercado de personas con movilidad reducida, porque «quien tiene discapacidad hace uso de elementos muy personales» y porque, aunque pudiese ser útil a algunos colectivos, es mayor el «daño» que provocan.

«Es un truco para entrar en un mercado copado», afirma Font, quien destaca que la usabilidad de estos vehículos es «mínima», «no tienen control» y se prestan al «vandalismo».

Para mejorar la accesibilidad, Famma propone un plan que acabe con las barreras arquitectónicas, que pese a la normativa perviven en la capital en calles, edificios y transportes.

Al cargo de este reto está la nueva Oficina de Accesibilidad, que no rechaza las sillas a motor. Fuentes municipales señalan a Efe que «todos aquellos medios que supongan una mejora para la autonomía de las personas mayores o con movilidad reducida» son «positivos» y que esta oficina cooperará en el estudio que Medio Ambiente y Movilidad acomete sobre «cómo incorporar estas nuevas formas de movilidad compartida en la ciudad».

Conseguir que Madrid sea accesible para todos será un trabajo arduo, como muestran los 297 expedientes que el área de Desarrollo Urbano tiene abiertos por incumplimiento de la accesibilidad en locales y edificios de la capital, de los que recientemente informó el delegado Mariano Fuentes.