El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha sentado en el banquillo de los acusados a seis personas, entre ellas los extesoreros del Partido Popular Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, en el marco de la causa en la que investiga la caja B de la formación, al tiempo que considera que la organización debe ser juzgada como responsable civil subsidiaria de los presuntos delitos que estos habrían cometido.
Así consta en el auto de apertura de juicio oral del procedimiento, en el que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 establece que la formación presidida por Mariano Rajoy tendrá que afrontar en el plazo de diez días una fianza civil de 1,2 millones de euros si no quiere sufrir el embargo de sus bienes.
En concreto, el juez reclama algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede central de los populares en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.
Además de Bárcenas y Lapuerta, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por la juez Concepción Espejel, juzgará al exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García y su empleada Laura Montero.
A los tres exdirigentes populares se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública. Estos dos últimos delitos son los que se imputan a los tres trabajadores del estudio de arquitectura.
El magistrado da veinte días a los acusados para que presenten sus escritos de defensa y diez para que depositen las fianzas impuestas, que se sitúan en 43,5 millones de euros. El juez también les advierte de que, si no lo hacen en el plazo establecido, realizará un embargo.
Las fianzas más altas, de 8,9 millones de euros, tendrán que ser prestadas por Bárcenas y Lapuerta. A continuación se sitúan Páez, que tendrá que afrontar una caución de 7,4 millones de euros; y Urquijo, García y Montero, que tendrán que depositar, respectivamente, una fianza de 6,1 millones de euros.
Además de al PP, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 atribuye a Unifica la condición de responsable civil subsidiario en el procedimiento, al tiempo que le impone una fianza civil de 4,5 millones de euros.
En relación con el 1.024.987 euros que Unifica cobró en negro por las obras de la sede del PP, el juez sigue el criterio de la Abogacía del Estado y señala que «la responsabilidad civil por delito contra la Hacienda Pública es también predicable de quien no tiene responsabilidad en el pago del tributo». Argumenta que debe responder el PP como persona jurídica como consecuencia de la «relación de dependencia» que Bárcenas, Lapuerta y Páez tenían con la organización.