Antonio Pérez Quijano, afectado por el proyecto urbanístico de Los Berrocales, actualmente paralizado, ha decidido emprender desde este lunes una huelga de hambre a las puertas del Ayuntamiento de Madrid tras haber sufrido dos embargos, y, según relata, no encontrar ningún tipo de ayuda.
Como explica el abogado del afectado, Borja Lacasa, este padre de familia –tiene dos hijas– adquirió una finca en el año 2003 para construir y explotar sobre la misma una estación de servicio. Lo hizo, según detalla, debido a la «idónea situación» del suelo porque estaba al borde de la A-3.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento de Madrid le comunicó la aprobación inicial del Plan Parcial de Los Berrocales. Pérez Quijano manifestó que estaba tramitando la autorización de accesos a su suelo y pedía que se le excluyera del desarrollo, ya que «no pretendía hacer negocio con el suelo», explica el letrado.
Al ser desatendidas las propuestas de Pérez Quijano, este interpuso un recurso de reposición tras haber sido aprobada por la Demarcación la autorización de accesos. Tras ser desestimado, se interpuso otro recurso contencioso-administrativo.
En paralelo, se constituyó la Junta de Compensación y Antonio Pérez se adhirió a ella. Ya en la Junta, Pérez Quijano realizó los pagos del proyecto de urbanización y parte de las obras. Sin embargo, debido a los grandes costes, no pudo hacer frente a todas las derramas.
El abogado asegura que Antonio Pérez se ha ofrecido «en reiteradas ocasiones» a entregar a la Junta parte de su aprovechamiento urbanístico en pago. Sin embargo, el Consejo Rector de la Junta «no lo aceptó». Además, la deuda contraída fue en aumento por los intereses de la misma.
Ante esta situación, primero le embargaron el piso en el que vivía y posteriormente la parcela de Los Berrocales, que en estos momentos está «bloqueada» a la espera de que el Ayuntamiento de Madrid apruebe la modificación del Planeamiento General, después de que el Tribunal Supremo haya dictado resoluciones anulando dicho plan de Urbanismo.
Aunque el abogado explica que el Ayuntamiento trabaja en esta modificación, todavía no está aprobada de forma definitiva. «Esta situación de bloqueo añade aún más incertidumbre sobre la viabilidad del sector» puesto que el terreno en la actualidad «no puede ser hipotecado ni casi vendido», ha sostenido.
Pérez decide dar este paso a la desesperada después de haber escrito cartas al Defensor del Pueblo y a la propia alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con la que ya ha mantenido una reunión. Según el afectado, la regidora se comprometió a poner a alguien «de su confianza» para llevarle el caso, pero a día de hoy no ha tenido noticias.