La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la decisión del juez instructor del caso Rato, Antonio Serrano-Arnal, de dejar fuera de la investigación cuatro cajas y un maletín con documentación intervenida en el despacho profesional del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
Ha sido un error de un funcionario judicial el que ha provocado la prohibición de utilizar este material: no se reseñó de forma expresa la intervención de estas cajas y del maletín en la diligencia presencial extendida por el secretario del Juzgado de guardia de Madrid que ordenó la detención del exministro de Economía y autorizó la entrada y registro en su domicilio y en su despacho, situado en la calle Castelló de Madrid.
En un auto hecho público este jueves, la Sección 23 de la Audiencia madrileña revela que las cuatro cajas y el maletín «no figuraban» en la relación de documentación intervenida en este registro.
«Si la diligencia de registro autorizado mediante auto previo se llevó a la práctica bajo la fe pública presencial del secretario judicial, con la asistencia del propio imputado titular del domicilio registrado y su letrado, y se refleja además en un acta minuciosa, extensa, detallada en profundidad y que identifica numerándolas las cajas en las que se guarda y precinta todo el material incautado, habrá que estar al resultado del acta», dicen en concreto los magistrados.
El auto recuerda «las cautelas que deben adoptarse» en diligencias judiciales como los registros y pone de manifiesto la importancia del «cuidado en su control». Agrega que el hecho de no haber ejercido esta prevención «conduce necesariamente a descartar cualquier resultado» de la prueba practicada.
Por ello y para garantizar los derechos de Rato, la Sala desestima los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado –que habían solicitado que el contenido de las cajas y el maletín fueran incorporados a la causa– y respalda la decisión del juez instructor de apartar estos papeles del procedimiento.
INTENTOS PARA VALIDARLAS
La Audiencia Provincial rechaza los argumentos de Anticorrupción que propuso que se llevaran a cabo una serie de declaraciones que permitieran que la documentación intervenida pudiera ser utilizada.
En concreto, solicitó que el Juzgado de Guardia certificara el número de bultos y efectos intervenidos y que el Juzgado que asumió la causa comprobara la concordancia «del contenido de las cajas y maletín con el acta levantada», tomando, para ello, cuantas declaraciones testificales resultaran «oportunas».
Según refleja el auto, la secretaria del Juzgado en el que recayó finalmente la instrucción fue la que advirtió, en el acto del desprecinto del material incautado, que este material no figuraban en la exhaustiva relación.
Tampoco comparten los magistrados los argumentos la Abogacía del Estado, que expresó dudas sobre «las garantías» que para preservar las pruebas ofrecían una cajas de cartón. Aseguran que «las cajas en sí mismas, no son medios de prueba» sino que lo son los documentos, precisan.