En lo que va de año de 2021, el precio de la luz ha estado en continuo crecimiento, batiéndose precios cada mes más caros que el anterior. El precio de la energía en el mercado mayorista es casi seis veces superior hoy que hace un año por esta misma fecha.
A nivel mundial puede explicarse este incremento debido a tres causas fundamentalmente: el incremento de la demanda en periodos concretos del año (invierno y verano); la escasez de reservas de gas – muy necesario para terminar de atender la demanda de energía tras agotar la oferta de otro tipo de fuentes – y finalmente el alto precio de emisión de los derechos de CO2, que requieren las compañías para “poder contaminar”, entre ellas las eléctricas que usan gas natural o carbón.
La ruptura de las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, siendo el país argelino nuestro principal proveedor de gas, pasando uno de sus gaseoductos que nos suministra, por territorio marroquí, nos supone una amenaza en el corto plazo con graves problemas de abastecimiento que podrían encarecer aún más el factor energético en nuestro país.
Casi la mitad de la factura de la luz en España, se debe al intervencionismo del Estado y a decisiones políticas del pasado, como por ejemplo el déficit tarifario que entre 2003 y 2011, bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, se multiplicó por 4 debido a una apresurada apuesta por las renovables cuando aún sus costes eran muy elevados e inciertos. Sin olvidarnos igualmente de la moratoria a las nucleares decidida en los años 80, bajo un gobierno también socialista, que encarece aún más la factura eléctrica de hoy.
El actual Gobierno de la Nación, socialista también por cierto, viene aplicando soluciones radicales y populistas que lo que ha ocasionado es una distorsión aún mayor del mercado, generando inseguridad jurídica entre las eléctricas, teniendo que oponerse la Unión Europea a muchas de estas decisiones para salvaguardar su mercado único.
A cambio, se requieren soluciones inmediatas, sensatas y sostenibles, como la financiación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), de aquellos costes políticos que no deberían repercutirse al consumidor final, como la deuda del sector eléctrico generada por decisiones políticas del pasado que no ha generado ni el mercado ni la actividad propia del sector.
También podría eliminarse el impuesto de la producción eléctrica y la bajada permanente del IVA aplicado a la electricidad del 21% al 10%. En compensación a estas rebajas, el Gobierno debería usar parte de la recaudación que recoge a través de las subastas de los derechos de emisión de CO2 en lugar de recortar los beneficios a las energéticas, que es evidentemente una intervención del mercado que no debería ser el camino elegido por un gobierno democrático y europeo.
