El Ejecutivo madrileño ultima una nueva modificación de la Ley del Suelo, después de la aprobada durante el año 2020. Será más “ambiciosa y liberalizadora” y, planteará, entre otras cuestiones, la posibilidad de realizar transferencias de aprovechamiento en suelo urbano consolidado y ampliar los fines de los Patrimonios Públicos de Suelo para facilitar su utilización.
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha anunciado esta nueva modificación en la inauguración del XXIII Foro Inmobiliario de Directores de Suelo y Urbanismo, donde ha expresado que la mejor contribución que puede hacer Madrid al conjunto de España, “es mantener contra viento y marea” su “poder y atracción” para la inversión internacional y ser capaces de competir “con las principales áreas metropolitanas de Europa y del mundo”.
Para ello, ha explicado que, “tras los excelentes resultados” de la reforma puntual que se hizo el año pasado, ahora están ultimando una norma “más ambiciosa y liberalizadora con el objetivo de seguir avanzando en la reactivación económica de la región”. Martín asegura en un comunicado que el Gobierno autonómico ya ha licitado el 50% de las 191 parcelas públicas de uso residencial, terciario, comercial e industrial incluidas en la estrategia regional.
Algunos avances de la modificación
En este sentido, la consejera madrileña ha avanzado algunos de los cambios que se van a introducir en la nueva normativa como establecer un “mayor equilibrio” entre los beneficios y las cargas a los que hace frente el promotor, “ajustando estas últimas para facilitar la competitividad y la atracción de inversiones”; o adaptar la Ley de Suelo regional a la estatal en lo referente a las actuaciones de transformación urbanística, para evitar interpretaciones divergentes de la legislación aplicable que conlleven cualquier tipo de contratiempo.
Otra de las medidas que quiere introducir es la posibilidad de realizar transferencias de aprovechamiento en suelo urbano consolidado porque, según ha explicado, permitiría “una nueva forma de hacer ciudad, facilitando que aquellos espacios que no se han podido materializar puedan hacerse realidad generando riqueza, inversión y empleo”.
En esta línea ha añadido que también quieren ampliar los fines de los Patrimonios Públicos de Suelo para facilitar su uso. Además, ha apuntado su interés por que los ayuntamientos puedan levantar desde viviendas de protección pública hasta construir infraestructuras públicas o privadas de interés social.
Por ello ha añadido que el Ejecutivo regional plantea reformas legales para que las localidades con mayor población puedan aprobar sus modificaciones y se establecerá también un marco de actuación mayor para los planes especiales, “lo que supondrá una reducción de plazos de entre cuatro y seis meses”, según ha declarado Martín.
