El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó este lunes un borrador de anteproyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo de la Comunidad, que dará la opción a los grandes municipios de contar con programas municipales de actuación sobre el medio urbano, que les permitirán hacer cambios en su planeamiento para hacer acciones de rehabilitación y generación sin necesidad de tener que modificar su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
En cuanto a los pequeños municipios, podrán disponer de PGOU más flexible, del que podrán hacer uso cuando las actuaciones se centren en sus cascos urbanos y no incluyan nuevos desarrollos.
Así lo adelantó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, dondepresentó esta nueva Ley del Urbanismo y Suelo Regional, la primera desde 2001, momento en que entró un vigor una norma que a día de hoy ha sufrido más de quince modificaciones.
La presidenta destacó que es una «ley completamente nueva y extraordinariamente importante para garantizar el desarrollo sostenible». Además, remarcó la necesidad de su elaboración por la necesidad de «dar respuesta a las nuevas necesidades urbanísticas», es decir, adaptarse al «urbanismo del siglo XXI».
SE ENDURECE EL REGIMEN SANCIONADOR
En materia de legalidad urbanística también se introducen novedades. La Ley refuerza la capacidad de las administraciones para actuar frente a posibles infracciones urbanísticas, incrementando los plazos de prescripción a ocho años y endureciendo el régimen sancionador, destacando la posibilidad que tendrá la administración para decomisar cualquier beneficio que se obtenga por la comisión de una infracción, así como la posibilidad de que a la Administración no le suponga ningún coste las actuaciones que tenga que llevar a cabo para restaurar la legalidad urbanística, repercutiendo ese coste en el infractor.
La ley fomenta la participación ciudadana en el planeamiento de las localidades. Y es que se adapta a la Ley de Transparencia y a las nuevas disposiciones estatales sobre procedimientos administrativos que entrarán en vigor en octubre.
Además de quedar reflejado en la ley, los municipios estarán obligados a facilitar indicadores de información que permitan conocer el seguimiento de su desarrollo, el progreso del PGOU y en su caso, la necesidad de su revisión. Los ciudadanos podrán hacer sugerencias pero no serán vinculantes.
Una vez aprobada la Ley todos los municipios de la región deberán adaptar su planeamiento a las nuevas disposiciones para lo que tendrán un plazo de cuatro años. Si transcurrido este tiempo no han actualizado su Plan General, éste seguirá vigente pero no podrán llevar a cabo ninguna modificación puntual.
En cuanto a los procedimientos que estén en trámite cuando entre en vigor la nueva Ley, seguirán adelante con normalidad adaptándose a las modificaciones incluidas en la nueva norma. Sólo en caso de que dicho expediente se encuentre en una fase inicial, éste deberá iniciarse por completo conforme a la normativa recién aprobada.
El resultado final es un texto de 273 artículos distribuidos en 10 títulos que se adapta a la legislación Estatal y que ahora será remitido a los servicios jurídicos de la Comunidad antes de ser aprobado como anteproyecto por el Consejo de Gobierno. Tras esta aprobación el texto será remitido a la Asamblea para su tramitación y posterior aprobación.