PARLA, 5 (EUROPA PRESS)
La empresa FCC Medio Ambiente, en una Unión Temporal de Empresas al 50 por ciento con Urbaser, va a disponer de veinte vehículos eléctricos para llevar a cabo el servicio de limpieza viaria y recogida de basuras en el municipio de Parla, después de que el pasado mes de mayo comenzase a realizar los trabajos tras la adjudicación del contrato.
Según ha informado FCC, la empresa apuesta por tecnología de movilidad eléctrica «para que el municipio disponga de servicios más sostenibles y reducir el impacto ambiental», por lo que realizará las tareas con una veintena de furgonetas, Piaggos, triciclos y barredoras eléctricas, además de diez camiones de carga superior de gas natural comprimido, cinco camiones de caja abierta y tres furgonetas en el ámbito de recogida de basuras y tres camiones de caja abierta y cinco furgones hidro-limpiadores en el caso de la limpieza viaria.
Para reforzar el servicio de la forma en que marca el contrato, con campañas intensivas de limpieza e igualando los trabajos entre semana a los que se realizan en fin de semana, FCC y Urbaser contarán también con 41 carritos porta bolsas, siete soladoras, cinco desbrozadoras, diez expendedores de fundentes, una sobre camión y otro manual, una chuchilla quitanieves y un aspirador de hojas de remolque.
El Ayuntamiento de Parla adjudicó el pasado mes de febrero a la UTE el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras por un periodo de cuatro años, con dos posibles prórrogas de un año cada una, con un importe de 41,55 millones de euros (10,4 millones al año) y con una plantilla subrogada de 248 trabajadores.
VEHÍCULOS SINIESTRADOS POR LA ANTERIOR EMPRESA
FCC-Urbaser, que prevé recoger más de 43.500 toneladas de distintas fracciones y limpiar alrededor de 250.950 metros lineales de bordillo, sucederá a la UTE Garbialdi-Sadifer, que a finales del mes de abril abandonaba el servicio tras expirar el contrato y dejaba, según el Ayuntamiento, 19 vehículos en estado de siniestro de los 33 totales que debía devolver al consistorio.
La anterior adjudicataria, junto al grupo municipal IUCM, recurrió el procedimiento por considerar que había «errores técnicos» y oponerse a la calificación de su oferta como «baja anormal o desproprocionada», ya que el importe era dos millones de euros menor al establecido por el Ayuntamiento, si bien el Tribunal Administrativo de Contratación Pública rechazó el recurso y dio la razón al gobierno municipal.