La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha anunciado que se está ultimando un plan de aparcamientos disuasorios a diez años que permitirá habilitar un centenar de parkings con capacidad de 40.000 plazas repartidas en diversos puntos estratégicos de la región.
Así lo ha detallado durante su intervención en un desayuno informativo de Executive Forum España para añadir que después del verano está previsto que comiencen a desplegarse las primeras plazas de este plan de aparcamientos disuasorios.
Para ello, la primera actuación será acondicionar algunos de los aparcamientos ya existentes mientras que en la segunda fase comenzará la construcción de las nuevas instalaciones en ubicaciones que fomenten la intermodalidad y faciliten el transporte público.
Sobre este proyecto, Gonzalo ha subrayado que todos los aparcamientos disuasorios dispondrán de puntos de recarga eléctrica, estarán vigilados para seguridad de los usuarios y serán también «centros de localización de vehículos de alquiler de coche compartido».
Además, está en macha un estudio «riguroso» que ayudará a determinar cómo invertir. «Nuesto objetivo a 10 años será poner en funcionamiento real un centenar de aparcamientos disuasorios con capacidad para 40.000 plazas», ha asegurado Gonzalo.
Frente a esta medida, la consejera ha criticado la política de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, como, a su juicio, cree que sucede con la gran Área de Prioridad Residencial de Centro, sin propuestas alternativas para los ciudadanos y con planteamientos «dogmáticos».
Por ello, ha asegurado que la Comunidad de Madrid está decidida a «armonizar de manera inteligente» todas las opciones de transporte con planes «congruentes» y sin caer en ocurrencias.
«Con este plan, la Comunidad de Madrid se situará como referente europeo de apuesta tecnológica de investigación, desarrollo e innovación en intermodalidad y movilidad sostenible», ha remachado Gonzalo.
Por otro lado y en materia de vivienda social, ha reivindicado las actuaciones emprendidas en este campo que ha supuesto la eliminación de desahucios por causas económicas, la decisión de no vender vivienda pública a fondos de inversión o la entrega de más de 2.200 pisos protegidos en lo que va de legislatura, 1.000 más de los inicialmente comprometidos.
«Una de cada seis viviendas protegidas en España está en la Comunidad de Madrid», ha enfatizado la consejera para avenzar que el Ejecutivo autonómico está a punto de alcanzar un acuerdo con el Banco Europeo de inversiones (BEI) para que este organismo financie la construcción de viviendas protegidas eficiente con consumos casi nulos y de mejora energética de las ya existentes.
