MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha dicho este miércoles que el aforamiento del que gozan algunos políticos por ostentar determinados cargos públicos, como es el caso del presidente del PP, Pablo Casado, no es un «privilegio».
Además, ha indicado que los partidos que deseen eliminar esta figura pueden plantearlo en el Congreso, pero les ha recordado que eso requeriría una reforma de la Constitución y, por tanto, amplios consensos.
«El aforamiento es percibido como un privilegio, pero no es exactamente un privilegio. No es que esa persona no vaya a ser juzgada o vaya a escapar de la Justicia; esa persona va a ser juzgada», ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en relación con la situación de Casado.
En este sentido, ha afirmado que «el criterio jurídico» del Tribunal Supremo «debe ser exquisito y lo es», también cuando analice las dudas sobre el máster que Casado obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Después de que la jueza instructora le haya trasladado la causa, será el alto tribunal el que deberá decidir si investiga al líder ‘popular’, que está aforado por su condición de diputado.
Batet ha asegurado que lo que decida el TS «estará bien decidido» y que Casado «será juzgado de la misma manera que cualquier otro ciudadano» y además «sin posibilidad de presentar recurso» en el caso de no estar conforme con la sentencia que se dicte, algo que sí podrían hacer otros alumnos del mismo máster que no serán juzgados por el Tribunal Supremo al no estar aforados.
En cualquier caso, la ministra ha dicho que los grupos parlamentarios que lo deseen –como Ciudadanos– pueden proponer en el Congreso una modificación de la Carta Magna para suprimir el aforamiento de diputados y senadores, una figura que nació «para proteger la institución, el Parlamento».
«Estamos en el siglo XXI, podemos replantearnos muchas cosas y es bueno hacerlo, porque la sociedad y el país han cambiado, pero hacen falta unos consensos enormes, exigentes, para abordar una reforma de la Constitución», ha manifestado.
EL GOBIERNO ESPERA QUE SE PUEDA ACLARAR
Sobre el caso concreto del máster de Casado, Batet ha dicho que este asunto se ha judicializado y eso «no es una buena noticia para nadie, ni para el PP ni para el sistema democrático», porque de nuevo un político está inmerso en un procedimiento judicial. Sin aclarar si considera que el presidente del PP debería dimitir si fuera imputado por el Supremo, la ministra ha dicho que habrá que esperar para ver qué decide la Justicia y que Casado es «el primer interesado en dar explicaciones».
«Desde el Gobierno de España, si esto se pudiera aclarar y desapareciera toda sombra de duda, estaríamos encantados», porque esto «es malo para la política» al dificultar que los ciudadanos se sientan «orgullosos e identificados con sus instituciones democráticas y sus instituciones públicas», ha afirmado, añadiendo que la «ejemplaridad» exigible a un político debe ser mucho mayor que la que se pide a cualquier otro ciudadano.