El Gobierno asume que si la familia Franco se hace cargo de los restos del dictador una vez exhumados no puede más que respetar su decisión sobre el lugar en el que desee enterrarlo, según explicó este viernes la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, en conversación informal con los periodistas en la recepción de la Fiesta Nacional en el Palacio Real.
Calvo explicó que en este caso no se trata de una cuestión de voluntad política, sino de respetar lo que dicen el Código Penal y el Código Civil cuando se trata de los restos mortales de una persona. El papel del Gobierno, afirmó, es asegurar que el dictador no esté enterrado en un lugar que pertenece a Patrimonio Nacional y además de una forma que enaltece su figura, pero no puede hacer nada en relación a tumbas que son propiedad privada.
Todo ello en relación con el deseo de los Franco de enterrar al dictador en la Catedral de la Almudena, en cuya cripta la familia es propietaria de una tumba. Con todo, la vicepresidenta no verbalizó que el Gobierno dé por hecho que Franco vaya a ser enterrado en La Almudena. La decisión estaría entonces en manos de la Iglesia, pero la vicepresidenta añadió que no le corresponde al Gobierno decirle a la Iglesia lo que debe o lo que puede hacer.
Sí ha aclarado que la intención del Gobierno es llevar a cabo la exhumación tan pronto como se cumplan los trámites previstos en la ley y hacerlo de manera muy discreta, informando, eso sí, a la familia.
