La agencia de calificación Fitch ha ratificado el rating de Canal de Isabel II Gestión de BBB+ con perspectiva estable, y ha asegurado que la Operación Lezo, que investiga actuaciones irregulares de la compañía en Latinoamérica no ha tenido impacto en la calificación de la empresa.
En un comunicado, Fitch ha señalado que en base a la información actualmente disponible, espera que el Canal esté «aislado de cualquier responsabilidad legal» derivada de la investigación de los tribunales españoles que la semana pasada llevó a que algunos de los exdirectores clave de Canal, incluido el antiguo director financiero, fueran detenidos.
En su opinión, el «impacto reputacional y financiero» en el Canal es «negativo pero manejable dentro de la clasificación actual». En este sentido, han señalado que la nueva administración de la compañía, en vigor desde mayo de 2016, «ha mejorado los controles internos relacionados con las adquisiciones y las normas de gobierno corporativo».
Además, destaca que la nueva estrategia de la compañía excluye la inversión internacional adicional y los planes de gestión para desinvertir cualquier operación en América Latina que no esté relacionada con el ciclo integrado del agua.
Asimismo, destaca que la actividad principal de Canal como operador de infraestructuras de agua en la Comunidad de Madrid no está implicada en la operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y no prevén, por ello, «ninguna amenaza de revocación» de la concesión de agua en la región hasta el año 2067.
Sin embargo, según Fitch, las operaciones del grupo en América Latina, encabezadas por el Grupo Inassa, se verán afectadas por la operación con Emissao Engenheria Construcao (Emissao) en 2013, que se adquirió por un importe total de 21 millones de euros.
Fitch confía en que la parte de los activos financieros en Brasil de 2016 sea aprobada el próximo mes y mientras tanto no descartan la posibilidad de que la investigación de la Audiencia Nacional releve más irregularidades en otras operaciones de América Latina. Sólo el negocio del agua y la prestación de servicios que se ubican en Colombia, Perú y Brasil principalmente suponen alrededor de 41 millones.