La Guardia Civil ha detenido este miércoles en Madrid a Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servicio de la Generalitat y responsable de desarrollos informáticos, han informado a Europa Press fuentes cercanas al dispositivo policial con el que se ha arrestado a 13 personas y practicado 22 registros en el marco de la orden judicial para frenar el referéndum del 1 de octubre.
Estas fuentes han precisado que Rodríguez Curto se encontraba la mañana de este miércoles en los calabozos de la Comandancia en Madrid, a la espera de que el juez de guardia de Plaza de Castilla autorice su traslado y puesta a disposición del Juzgado 13 de Barcelona que centraliza las instrucciones para recabar pruebas sobre el reférendum ilegal.
Entre los detenidos siguiendo el mandato del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona se encuentran Josep Maria Jové, Josep Maria Salvado Tenesa y Juan Manuel Gómez, todos ellos altos cargos de de la Consellería de Economía y Hacienda; David Palacad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores; Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales, perteneciente a la Consellería de Bienestar y Josue Sallent Rivas y David Franco Marcos, ambos altos cargos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).
También hay otros dos arrestados, Oau Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de papeletas con el Sí/No en una nave en Bigues i Riells (Barcelona) a la que se ha desplazado su propietario, el empresario Pau Furriol Fornells, en compañía del secretario judicial y de agentes de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha desplegado este miércoles un amplio dispositivo en varias sedes de la Generalitat. Un día antes, el instituto armado intervino 45.000 sobres nominales (el 80% del total) para la constitución de las mesas electorales del 1-O en los registros que llevó a cabo en diferentes sedes de la empresa de mensajería Unipost.
Hasta ahora la Guardia Civil ha bloqueado 32 páginas web y también ha requisado 1,5 millones de carteles, dípticos y folletos proreferéndum, todo ello en funciones de policía judicial.
