Los ciudadanos reprochan a los políticos su falta de consenso. Han constatado en demasiadas ocasiones la ausencia de entendimiento entre los diferentes partidos políticos. Incluso, en el seno de alguno de ellos, se ha llevado a tal límite la incapacidad de entenderse entre las propias filas que el ciudadano no puede por más que preguntarse ¿si entre ellos no se entienden como lo van a hacer con los demás?
Por ello es preciso poner en valor el acuerdo por unanimidad alcanzado en la Asamblea de Madrid hace pocas fechas. Se debatía una iniciativa inspirada por algunas asociaciones de víctimas de bebés robados, uno de los hechos más dolorosos y dramáticos de los que han salido a la luz pública en los últimos años en España. Unos hechos que, a nuestro juicio, afectan a la calidad de nuestro sistema democrático.
En 2009 y 2010 la sociedad española empezó a tener conocimiento de casos de recién nacidos que habían sido sustraídos a sus madres, hablamos de bebés a los que se daba por muertos ante sus progenitores para después acabar vendiéndoles bajo la apariencia legal de una adopción.
Se hace difícil pensar en conductas abyectas que sean tan contrarias a los más elementales derechos humanos. Y más difícil aun ponerse en la piel de esas familias que, aun hoy, después de décadas, desconocen el paradero de su bebé, o quien todavía desconoce su verdadera filiación.
Por respeto a las víctimas, por tanto dolor acumulado, mereció la pena subir a esa Tribuna y apoyar un texto que no compartíamos al cien por cien pero que nos permitía profundizar, junto al resto de grupos parlamentarios, en ese camino que les ayude a cerrar esa profunda herida que como progenitores o como hijos en busca de sus padres biológicos llevan consigo.
El mérito de la unanimidad parlamentaria es únicamente de las asociaciones de víctimas. Ellas han conseguido, no sin esfuerzo, sensibilizar a la sociedad española y hacernos ver a todos la hondura del drama que están viviendo y la necesidad de actuar sin dilación, porque en pocos temas como en este, el tiempo corre en contra.
No se trata de hacer grandes declaraciones de intenciones sino de ser resolutivos. Es cierto que desde el año 2012 el Ministerio de Justicia lidera una estrategia en pro del esclarecimiento de las posibles sustracciones que está dando sus frutos, pero es cierto también que hay margen para continuar en el empeño. Hay que profundizar en los derechos que asisten a los afectados, en su condición de víctimas, en el acceso a la información y documentación obrante en poder de la Administración e Instituciones.
Esa unanimidad entre los grupos parlamentarios que inspiraron las asociaciones de afectados la entendemos en el grupo popular como una firme voluntad de la sociedad madrileña de no pasar página sin investigar todo lo humanamente posible. La voluntad de exigir responsabilidades a quien corresponda hasta el final, de empatizar con los afectados y reconocer la labor de todas las asociaciones que los representan y que han sido decisivas en el avance de las políticas que se han ido adoptando y las que vendrán en un futuro próximo.
María Eugenia Carballedo es diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid.