El sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), el de las empresas como Uber y Cabify, podría recibir unas 10.000 nuevas licencias próximamente, en virtud de pronunciamientos judiciales actualmente pendientes, según estimaciones de los ayuntamientos.

En caso de que todos estos procesos se resolvieran a favor de conceder las licencias, el sector del VTC triplicaría el número de licencias que actualmente tiene, unas 5.928.

Esta cascada de nuevas licencias, que hasta ahora no se habían cuantificado, podría agravar aún más el conflicto actualmente abierto entre las empresas como Uber y Cabify y el sector del taxi, tal como apuntan los Consistorios de Madrid, Barcelona y Zaragoza.

Las casi 6.000 licencias con que las VTC cuentan actualmente ya casi triplican a las 2.188 que correspondería al sector en función de lo establecido en la legislación, que fija la concesión de una autorización para este tipo de servicios por cada treinta que se conceda al taxi.

El excedente de licencias deriva de los recursos judiciales que empresas del sector promovieron al amparo de un vacío legal que, según el Ministerio de Fomento, generó una ley aprobada en 2009 por el último Gobierno del PSOE para liberalizar el sector hasta que en 2013 el primer Ejecutivo del PP volvió a fijar el ratio de una licencia por cada treinta.

A las licencias ya concedidas por los procesos judiciales que provocó dicho vacío legal se pueden sumar otras aún pendientes de resolución, que hasta ahora se estimaban en miles, pero que los ayuntamientos de estas tres ciudades cifran ahora en unas 10.000.

MEDIDAS DE FOMENTO

Ante esta perspectiva, el Ministerio de Fomento, las comunidades autónomas y los ayuntamientos analizaron la toma de distintas medidas, entre las que figura la de articular una normativa para evitar que la eventual compraventa de las licencias genere una burbuja especulativa.

En el encuentro, Fomento insistió en la necesidad de que las administraciones autonómicas y locales refuercen las inspecciones al taxi y las VTC, dado que se trata de las que tienen las competencias para ello y, según el Miniseterio, están siendo «insuficientes».

Con estas inspecciones se pretende comprobar que los dos sectores cumplen con la normativa necesaria para operar y que, en el caso de los coches con conductor garantizar que no propicien la captación de clientes, esto es, no circulen por las vías o se establezcan en paradas en busca de pasajeros, y además formalicen el correspondiente contrato por cada servicio que realicen.