Hace pocas fechas se ha debatido y aprobado con éxito en la Asamblea de Madrid una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular que muestra el apoyo total y el respaldo incondicional a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en su imprescindible labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos en Cataluña. Asimismo, deja constancia de la condena expresa de la Cámara por el acoso al que se han visto sometidos.
Es una iniciativa que no olvida tampoco la necesidad de que las instituciones españolas utilicen los mecanismos que le atribuyen la Constitución Española y las leyes en la defensa de la soberanía del pueblo español, el interés general de España y la legalidad vigente con firmeza y proporcionalidad.
El Grupo Parlamentario Popular lo que propuso a la Cámara, en definitiva, fue tomar la palabra en una sola voz en un momento especialmente crítico para la democracia española. Todos hemos sido testigos de los pasos que ha ido dando el gobierno autonómico de Cataluña para esa pretensión final que nadie como el Rey Felipe VI supo describir en su memorable discurso televisado:
“Estamos ante la culminación de un inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas de Cataluña. Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común”.
Ante este desafío secesionista, junto a la Casa Real, los legítimos poderes del Estado están reaccionando determinados a restaurar el orden constitucional, la vigencia del Estado de derecho y la convivencia pacífica, hoy seriamente quebrada. De ahí, esa respuesta mayoritaria y consensuada del poder ejecutivo y el legislativo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española.
El poder judicial está tomando las decisiones que solo a él competen, con los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico, entre ellos, muy esencial, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los jueces necesitan de la Policía y la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de sus resoluciones. Sin ellos, el poder judicial perdería toda su efectividad.
Precisamente porque son ellos los servidores públicos encargados de hacer cumplir las resoluciones judiciales, también en Cataluña, han sido objeto de un acoso feroz. Ese hostigamiento, cercano a los delitos de odio que sufrieron, fue alentado o consentido por responsables de partidos políticos y asociaciones perfectamente reconocibles. Los mismos partidos y asociaciones que han dirigido a las masas a unas movilizaciones en absoluto pacíficas.
Difícil olvidar a la Alcaldesa podemita de Barcelona acusando sin pruebas a la policía de agresiones sexuales o llamando a ocupar las calles como respuesta a la detención de supuestos presos políticos. Aún más difícil olvidar que Podemos, en una rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, ha justificado la caza al policía. Su portavoz razonaba a la prensa que la violencia y los escraches que la policía estaba sufriendo esos días eran una forma de libertad de expresión, un modo de participación democrática.
Cómo habrá sido la afrenta que los españoles, por decenas de miles, no tuvieron por menos que echarse a la calle, en comisarías y cuarteles, al grito de “No estáis solos”. A ese grito se ha unido la Asamblea de Madrid de la mano de esa iniciativa del grupo popular con el apoyo de socialistas y ciudadanos.
Ahora más que nunca es importante que sientan nuestro apoyo.